Ciudad de México.- El juez federal F. Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México de 10 mil millones de dólares contra los fabricantes de armas de EU por la protección con la que cuentan bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas.
Saylor, de la Corte de Distrito de Massachusetts, detalló que “la demanda involucra reclamos contra siete fabricantes de armas y un mayorista, alegando el tráfico ilegal de armas a México. El demandante es el gobierno de México”.
“México sufre una epidemia de la violencia relacionada con las armas”, y agregó que “la denuncia aquí se enfoca en una causa indirecta adicional de esa violencia: las prácticas de marketing y ventas de los fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses.
El juez mencionó que “desafortunadamente para el gobierno de México, todos sus reclamos están prohibidos por leyes federales o fracasan por otras razones”.
El juez federal agregó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas “PLCAA prohíbe de manera inequívoca las demandas para responsabilizar a las armerías por los actos de individuos, que utilizan armas de fuego para el fin previsto”.
El fallo recordó que “la denuncia alega que de 70% a 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos, y los acusados produjeron más de 68% de esas armas. Alegó además que los acusados están ‘totalmente informados del tráfico masivo de sus armas a México’ porque ha sido ampliamente documentado en informes gubernamentales y a lo largo de los medios de comunicación (…) No obstante, según la denuncia, los acusados han sido reacios a implementar cualquier monitoreo de seguridad pública de sus sistemas de distribución para limitar ese tráfico ilegal”.
Detalló que “la denuncia” es “contra ocho acusados. Siete son fabricantes de armas— Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett. El octavo acusado es Interstate Arms, un mayorista y distribuidor de armas.