Un juez federal ordenó detener a 10 exfuncionarios y personas implicadas en el desvío de recursos públicos por más de 2 mil millones de pesos en los penales federales de la administración pasada.
Entre los señalados se encuentra el excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Por este caso también hay órdenes de captura contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, señalados de "lavado" de dinero, delincuencia organizada y peculado.
Fuentes federales confirmaron que el juez de Control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra 10 exfuncionarios por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración, y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS.
El resto de los exfuncionarios, ahora prófugos de la justicia, son Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector General de Desarrollo Tecnológico, y Jorge Arnaldo Nava, exdirector General del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia.
La FGR señaló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente ligadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del organismo para los penales federales de El Altiplano, Occidente, Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-Noroeste, Nor-Poniente, Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
El otro contrato fue para la adquisición de la interconexión de los penales federales de Sonora, el femenil de Morelos y el de Michoacán. De los exfuncionarios imputados, Paulo Uribe cuenta con citatorio para audiencia.
Datos
2,950 mdp fueron desviados, presuntamente, en el sexenio pasado.
2 contratos para los penales fueron usados, según la FGR, para cometer el delito.