URUAPAN, México (AP) — Siete funcionarios de la ciudad de Uruapan, en el occidente de México, fueron detenidos por su probable participación en el asesinato del alcalde de esa localidad, cuya muerte conmocionó al país y desató protestas en distintas ciudades.
La Fiscalía del estado de Michoacán —donde está Uruapan— dijo en un breve comunicado que fueron aprehendidos siete servidores públicos de esa localidad por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido a inicios de mes, pero no ofreció detalles.
Las detenciones ocurren a tres días de la captura en Morelia, capital de Michoacán, de un hombre identificado como Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien sería una de las personas que presuntamente participó en la planeación del homicidio.
Los detenidos fueron llevados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez y serán puestos a disposición de un juez, detalló la fiscalía estatal.
Algunos de los arrestados fueron sacados de la Casa de Cultura, antigua sede del ayuntamiento y junto a la plaza central donde fue el asesinato, en medio de un fuerte despliegue de seguridad formado por efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes estatales, según constató la The Associated Press.
Funcionarios del equipo de Manzo y ahora de su viuda y actual alcaldesa, Grecia Quiroz, grababan las detenciones entre lágrimas y sin poder creérselo porque quienes iban subiendo a las camionetas de la fiscalía estatal eran sus antiguos compañeros, personal del círculo más cercano del alcalde asesinado, confirmaron dos personas a la AP que pidieron el anonimato por seguridad.
"El Licenciado" fue identificado como integrante de una célula delictiva de Michoacán vinculada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó esta semana el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
La detención se dio tras el análisis de llamadas telefónicas, mensajes de texto y videos que permitieron identificar a una parte de los miembros del grupo que participaron en el homicidio, entre ellos el joven identificado solamente como Fernando Josué, quien acompañó al tirador horas antes del crimen y que fue localizado muerto junto a otro hombre identificado como Ramiro "N" el 10 de noviembre en una carretera de Uruapan.
En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del CJNG, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.
Las autoridades locales aún no han logrado determinar el móvil del asesinato del político independiente, de 40 años, que murió el primero de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que le realizó un joven pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos.
El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, falleció en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.
En el parque central de Uruapan la escena del crimen se mantiene acordonada con las velas, una catrina y las flores de cempasúchil del Día de Muertos ya marchitas. A su alrededor en distintos lugares de la plaza el suelo está empapelado con mensajes de duelo y exigencias de justicia.
"Que La Paz no nos cueste la vida", "ni un paso atrás", clamaban los escritos, la mayoría firmados con el dibujo de un sombrero y un lazo negro.
Manzo contaba desde diciembre de 2024 --tres meses después de asumir el cargo-- con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional tras recibir amenazas de los grupos delictivos.
La muerte de Manzo desató protestas en Morelia, Uruapan y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.
En medio del malestar que generó el asesinato de Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para reforzar la seguridad en el estado con más de 10.000 elementos federales, y activar un "esquema integral" que incluirá programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia, uno de los ejes de la política de seguridad que instauró desde que llegó al gobierno hace un año.