El gobierno estatal considera como riesgos para las finanzas públicas obligaciones financieras de dependencias educativas, de salud y de pensiones por cinco mil 703.5 millones de pesos, además de considerar que hay incertidumbre sobre el impacto para el erario estatal en la transición del servicio médico al nuevo Insabi. El señalamiento aparece en el documento de la Cuenta Pública 2019.
El Tomo 1 del documento, que ofrece los resultados generales del ejercicio presupuestal del año pasado, presenta en el apartado 1.2 los “sectores que representan un riesgo para la sustentabilidad de la de la hacienda pública estatal”.
Por sectores, el de mayores adeudos es el educativo. Entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y los sistemas de Telesecundaria, del Colegio de Bachilleres y del Cecyte, las obligaciones suman cuatro mil 674.5 millones de pesos.
El sector salud, integrado por los Servicios Estatales de Salud y el Hospital Central, los pasivos suman 494.7 millones de pesos.
Mientras que en el sector de ahorro para el retiro, el documento reconoce obligaciones por 534.3 millones de pesos.
De los siete rubros considerados como riesgos financieros, cuatro redujeron sus adeudos, en comparación con 2018. La SEGE redujo 431 millones de pesos su deuda. El Cobach hizo lo mismo con 341.9 millones de pesos.
En el Cecyte, la deuda bajó 31.5 millones de pesos y el Hospital Central redujo su deuda 119.4 millones de pesos.
En contraste, en tres dependencias crecieron los pasivos. El sector de pensiones, los adeudos crecieron 130.9 millones de pesos. En los servicios estatales de Salud, las obligaciones crecieron 72.7 millones de pesos y el de Telesecundarias abultó su deuda en 63.7 millones de pesos.
Como novedad, el reporte advierte que en la transición del Seguro Popular, desaparecido por la administración de Andrés Manuel López Obrador, al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), podría registrarse un impacto a las finanzas estatales.
Las reformas, dice el documento, “podrían impactar directamente en el esquema de funcionamiento del Sistema de Salud en el Estado.
En 2019, señala el reporte, las dependencias de salud tuvieron ingresos por 150 millones de pesos por cuotas de recuperación de servicios inscritos en el Seguro Popular
Sin embargo, el Insabi impuso la gratuidad de esos servicios y medicamentos, además de que no se ha definido cómo se financiarán esos beneficios por los que se cobraban cuotas.
“Aún se tiene incertidumbre sobre el impacto en la hacienda estatal que podría generar la implementación y trancisión del nuevo esquema”, concluye el documento.