En sesión vespertina, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus puntos de vista en torno al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, que reforma y adiciona los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política.
Se legisla para el pueblo para que haya transparencia
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), manifestó su voto a favor del dictamen y rechazó las críticas que han calificado esta reforma como una "ocurrencia" y una propuesta deficiente. Lo que votamos el día de hoy, sostuvo, es el no a los privilegios, a los gastos onerosos de los congresos locales, los cabildos y ayuntamientos en los municipios.
Destacó que se plantea ajustar el funcionamiento de congresos locales y cabildos, y aplicar criterios de austeridad en el Senado, fortalecer la vida democrática del país y responder a las demandas, al mandato ciudadano expresado en las urnas. Ahora, enfatizó, se legisla para el pueblo, contra las prerrogativas, para que haya transparencia en el uso de recursos públicos y el manejo institucional de los servidores públicos.
Sostuvo que esta reforma responde a reclamos de mayor transparencia electoral. Aseguró que esta administración ha impulsado cambios para evitar irregularidades y que el llamado "Plan A" contemplaba mecanismos para combatir el uso de recursos ilícitos en procesos electorales, aunque --dijo-- la oposición votó en contra.
La reforma no surge del diálogo ni de una necesidad plural
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) comentó que esta no es una gran reforma electoral porque no surge del diálogo, ni del consenso o de una necesidad plural como las que le dieron forma a las anteriores que sí buscaban un mejor sistema electoral y político. "No toca los problemas de fondo, no mejora tu seguridad, ni garantiza servicios de salud y no fortalece la educación".
Resaltó que este dictamen no incorpora datos que le den sustento y consistencia a lo que quieren que se apruebe. "Esta reforma no racionaliza gastos, no elimina privilegios y no robustece la democracia; nosotros sí estudiamos cuáles son esos números, cifras y datos, situaciones particulares en los municipios y estados para entender cuál puede ser el impacto".
Se apunta a un modelo de país más justo e incluyente
Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, indicó que la reforma busca consolidar una democracia auténticamente paritaria en todos los órdenes de gobierno y reafirmar el compromiso de que ningún servidor o servidora pública gane más que quien encabece el Poder Ejecutivo, lo cual es fundamental cuando la ciudadanía exige gobiernos cercanos, austeros y con responsabilidad social.
Consideró que la reforma apunta a un modelo de país más justo e incluyente, donde la igualdad de género sea una realidad tangible y el ejercicio del poder se acompañe de responsabilidad y compromiso social. "La democracia requiere la inclusión efectiva de las mujeres y eliminar los privilegios, para que sea un sistema más representativo, ético y cercano a la sociedad"
La austeridad debe ser el principio ético más importante
En opinión del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) el dictamen materializa una reforma que se sustenta en tres pilares fundamentales: la austeridad republicana como eje rector del gasto público, la eficiencia y representación democrática en los municipios, y el fortalecimiento de la igualdad sustantiva y la paridad de género en todos los niveles de gobierno.
Estimó que la austeridad debe instaurarse como el principio ético más importante en el ejercicio del poder que permitirá romper con las estructuras de privilegio. "En nuestro partido estamos convencidos que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y se destinen a la construcción de infraestructura, a financiar programas sociales e impulsar el desarrollo regional".
La reforma no atiende los problemas de fondo del país
Del PRI, la diputada Abigail Arredondo Ramos indicó que el "mal llamado Plan B es una ocurrencia, un intento por distraer la atención de los graves problemas del país". Afirmó que no es una reforma electoral sino un modelo de control que centraliza decisiones, debilita a los estados, presiona a los municipios y busca someter a las instituciones electorales bajo el disfraz de la austeridad.
Señaló que la reforma no combate privilegios, "ni siquiera hay certeza de que las medidas generen ahorros reales"; es un distractor, incongruente, es engañosa e insuficiente, no atiende los problemas de fondo, ni abona a un sistema político más eficiente y efectivo. México no necesita más simulaciones sino seguridad, crecimiento económico, empleo, medicinas y un gobierno responsable.
Se debe tener una democracia con participación y menos gasto
De MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued dijo que su grupo parlamentario asumió la responsabilidad de ofrecer una visión distinta para tener una mejor democracia con más participación y menos gasto, más democracia, impulsando el voto joven, la circunscripción migrante, combatiendo el acceso del crimen organizado al sistema electoral y transformando por completo el modelo de comunicación política y de justicia electoral.
También, menos gasto, reduciendo el financiamiento a partidos políticos con una perspectiva y un modelo de equidad, y eliminando la duplicidad de funciones, logrando un ahorro de más de 40 mil millones de pesos en cuatro años, cifra que hace palidecer el ahorro de la reforma que hoy se discute. "Esto no fue aceptado, no quisieron abrir la discusión de una reforma electoral de manera genuina y abierta".
Posturas a favor y en contra
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez (Morena) expresó que el poder público debe reorganizarse para servir mejor a la gente y hoy con esta reforma se responde a una visión de la presidenta de la República para que los recursos se administren con responsabilidad y se traduzcan en beneficios reales. Se pone orden donde hubo excesos y se devuelve el sentido social al ejercicio del poder. No se debilita a los municipios sino les permite operar con mayor orden.
Por el PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas mencionó que hoy la mayoría decide ajustar el sistema electoral, la representación, mover piezas del poder, así como afinar las reglas políticas y decidir cuántos regidores debe haber, cuando hay miles de personas desaparecidas. "No vamos acompañar esa diferencia, esa distancia con el dolor de la gente ni callar frente a la realidad. Debemos buscar a los desaparecidos antes de buscar cómo perpetuarse en el poder".
Para la diputada Patricia Flores Elizondo (MC) el dictamen busca reducir privilegios y fortalecer la democracia; sin embargo, al revisarlo se observa que es una reforma incompleta, no aborda lo estructural y se concentra en medidas de ajuste administrativo y presupuestal en los ámbitos local y subnacional; por ello, se necesita ordenar al poder. "Las medidas de austeridad pueden ser correctas, por eso acompañaremos en lo general la reforma".
La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) opinó que es una reforma administrativa y se hace bajo la narrativa de la austeridad. Se dice que busca reducir privilegios, ahorrar recursos y eficientarlos, pero al revisar el documento "hay incertidumbre, simulación y centralismo. Este dictamen no contribuye al fortalecimiento de la democracia ni de las instituciones. No acompañaremos una reforma bajo el disfraz de la austeridad, y que construye un modelo de control político, de abuso y corrupción".
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) dijo que con este dictamen se está dando un paso firme en el tema de la paridad en los municipios para que tanto mujeres y hombres puedan contender y participar en igualdad de circunstancias. También, al señalar que se acaban los excesos y beneficios indebidos de magistrados y representantes del INE.
Ana María Balderas Trejo, diputada del PAN, observó que se está discutiendo una reforma que atenta contra las instituciones y debilita las bases de la democracia contra el federalismo y la autonomía de estados y municipios. "El llamado "Plan B" es un retroceso disfrazado de austeridad, una reforma que pone en riesgo la imparcialidad, legalidad y certeza de las elecciones".
Por su parte, el diputado Pedro Vázquez González (PT) indicó que el dictamen pretende terminar con los excesos, ordenar el gasto público y fortalecer el carácter social del Estado mexicano; asimismo, plantea que en los municipios no existan estructuras infladas, costosas, alejadas y separadas de la realidad de la gente. "Queremos que los congresos locales actúen con responsabilidad y no con despilfarro".
Del PAN, el diputado Fernando Torres Graciano mencionó que esta reforma ataca el federalismo, transgrede la autonomía de los municipios y congresos locales; no atiende lo que realmente es urgente en materia electoral que era tener un control y sanción al dinero del crimen organizado en las campañas.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) señaló que acompaña los esfuerzos para lograr un gobierno más austero, eficiente y cercano a la gente. Destacó la necesidad de eliminar privilegios y orientar el gasto público al bienestar social. "Es momento de construir consensos responsables que equilibren la eficiencia del Estado con la autonomía de los órganos de gobierno".
En tanto, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) aseveró que es una reforma de control político, centralista, que pasa por encima del federalismo, impone cómo deben integrase los ayuntamientos y limita el presupuesto de congresos locales, desconociendo su autonomía. Además, debilita las instituciones electorales y las condiciones de imparcialidad certeza y legalidad que sostienen la vida democrática.
En su oportunidad, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena) respaldó el dictamen porque busca continuar el avance en la reducción de privilegios, fortalecer la austeridad republicana, la racionalización de la operatividad administrativa y la igualdad sustantiva.
Del PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas afirmó que solo se busca distraer la atención hacia temas electorales, en lugar de hablar de los problemas como el sistema de salud rebasado, la extorsión, el cobro de piso, el crimen organizado, la economía deteriorada e inflación desbordada. "Mientras la gente padece esos problemas, nosotros discutimos este remedo de reforma electoral que nadie pidió y no es una prioridad".