Ciudad de México.- Contrariamente a la Ley de Austeridad República publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que explícitamente prohíbe la contratación de seguros de vida para funcionarios del gobierno federal, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), contrató un seguro de vida anual para sus trabajadores civiles por 6.2 millones de pesos.
En la licitación se indica que el seguro cubrirá en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad total y permanente a todo el personal que se encuentre en trabajos administrativos y operativos.
La Gerencia de Recursos Materiales del AICM determinó el pasado 13 de diciembre entregar este contrato anual a la empresa Mapfre México por un total de 6 millones 205 mil 352 mil 86 pesos.
La dependencia informó que decidió entregar este contrato millonario a esta empresa por “haber cumplido con la totalidad de los requisitos, especificaciones y documentaciones solicitados en la convocatoria. La asignación se realizó con base en el análisis de las especificaciones presentadas por los ofertantes respecto a la propuesta técnica y económica, realizado en estricto apego a la convocatoria que rige esta licitación, a fin de garantizar las mejores condiciones para esta entidad”.
Se detalla que la póliza tendrá una vigencia del 1 de enero de 2024 hasta las 24 horas del 31 de diciembre de este año.
El contrato indica que la suma asegurada será de 50 meses de sueldo para cada funcionario asegurado. Adicionalmente, cada uno de los trabajadores que realicen funciones de bomberos a la fecha del siniestro quedarán asegurados en cobertura de muerte natural o accidental con una suma adicional de 50 mil pesos.
Se advierte que la empresa contratada acepta a partir de la fecha de inicio de vigencia cubrir las sumas aseguradas al 100%, cualquiera que sea su sexo u ocupación, sin necesidad de cuestionario y/o examen médico, además de que no existe límite de edad para ninguna de las coberturas.
El artículo 22 de Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019 señala que queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones.