Sin Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, recapturado hace dos años por la Marina Armada de México y extraditado en 2017 a Estados Unidos, al frente, el Cártel de Sinaloa mantiene su poderío territorial y su estructura operativa en el país; su expansión en la nación vecina se consolida.
Aunque es acechado por el Cártel Jalisco Nueva Generación al mando de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que ha tenido un crecimiento vertiginoso en la geografía nacional, sigue con presencia en los estados del norte, centro y sur del país, de acuerdo con autoridades federales.
Destaca su presencia en Sonora, Baja California, Coahuila, Durango, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y preserva alianzas con diversos grupos considerados sus brazos armados.
En Baja California Sur y Chihuahua el Cártel de Sinaloa protagoniza una sangrienta batalla con sus enemigos de Jalisco Nueva Generación y Los Arellano Félix, por el control de la plaza, lo que ha derivado en un incremento de la violencia en Ciudad Juárez, la sierra de Chihuahua, La Paz y Los Cabos.
La DEA ubicó a la organización criminal con presencia internacional, en comparación con otros grupos mexicanos, y al legendario capo Rafael Caro Quintero lo integró a la jerarquía del también conocido Cártel del Pacífico, como cabecilla de una célula.
La agencia estadounidense aseguró que el grupo exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, marihuana, cocaína y heroína en Estados Unidos, con centros de distribución en ciudades como Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago.
A casi un año del traslado de Guzmán Loera a Estados Unidos (19 de enero), donde está siendo procesado por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, por tráfico de drogas, el abogado, José Refugio Rodríguez recordó que está pendiente de resolverse un amparo ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, ya que a su consideración, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, violó el tratado de extradición al agregarle un acuerdo para que "El Chapo" fuera trasladado a una Corte de Distrito de Nueva York.
"El canciller autorizó a la embajada de Estados Unidos para que no se aplicara la cláusula de especialidad que rige el Tratado de Extradición, que implica que Joaquín Guzmán no podría ser juzgado en Estados Unidos como lo está haciendo, por delito y procesos diversos a los que se le concedió el traslado.
"Mi cliente fue llevado para ser juzgado en la Corte de Distrito del Paso, Texas, y para la Corte de Distrito de San Diego, California; sin embargo, lo llevaron a Nueva York, se le mantiene en condiciones infrahumanas por una autorización arbitraria", acusó Rodríguez.
El litigante aseguró que Videgaray Caso no se apegó a la Constitución al firmar esa autorización, por lo que recurrieron al juicio de amparo contra la determinación, proceso, señaló, que se ha estancado porque la Secretaría de Relaciones Exteriores lo bloquea.
"Él no estaba autorizado para firmar esa carta y extendió esa autorización para que no se aplicara la cláusula de extensión sin facultades para ello, lo que constituye un acto arbitrario y por eso interpusimos un juicio de amparo que ha estado estancado porque durante todo el año lo estuvo bloqueando la Cancillería, hasta principios de diciembre que se logró integrar el expediente para que se mandara al Tribunal Colegiado", comentó.
Ante dicho recurso, expuso, la Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso una queja para evitar que vía amparo se analice la constitucionalidad de la autorización, para que Guzmán Loera fuera llevado a Nueva York.
"La vinculación que hasta el momento tengo con Joaquín Guzmán, defendiendo esa postura que en su momento puede ser importante para la defensa jurídica que tiene en Estados Unidos", refirió Rodríguez.
Dijo que los abogados de "El Chapo" en Estados Unidos determinarán el valor estratégico del juicio de amparo que se interpuso en México contra su traslado a Nueva York. "Tengo que respetar de qué manera lo pudieran usar y el alcance que le pudieran dar, no soy la persona idónea para emitir una opinión al respecto", apuntó.
Cesa disputa por controlar el cártel
La detención en mayo de 2017 de Dámaso López Núñez, "El Licenciado", compadre de "El Chapo", y la entrega voluntaria a la DEA de su hijo, Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", al parecer cesó la disputa interna que se desató tras el arresto en Los Mochis de Guzmán Loera.
López Núñez ayudó a "El Chapo" a fugarse del penal de Puente Grande en 2001, fue sorprendido en mayo por fuerzas federales en un lujoso complejo habitacional de la Ciudad de México, buscaba una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para combatir a Los Chapitos, la cual no se concretó.
Semanas después, "El Mini Lic", quien estuvo escondido en Baja California, se entregó en el cruce fronterizo de Mexicali a la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) por temor a ser asesinado por los hijos de Guzmán.
Después vino la captura por fuerzas federales de Nahúm Abraham Sicairos Montalvo, "El Quinceañero"¸ operador de "El Mini Lic", en un fraccionamiento en el Estado de México.
Al quedar acéfalo el liderazgo, la poderosa organización criminal enfrentó tres escisiones que el año pasado protagonizaron un férreo choque armado: Los hijos del Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo, apoyados por Ismael El Mayo Zambada, Los Dámaso y Aureliano Guzmán, El Guano, hermano de Joaquín Guzmán.
Por la disputa, la violencia repuntó en Sinaloa al registrar mil 243 homicidios de enero a noviembre del año pasado, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aunque "El Guano" reclamó espacios en el cártel, la lucha se centró entre los hijos de "El Chapo" y "Los Dámaso", al grado de que había disputas entre ellos por los corridos.
De acuerdo con la declaración del "Licenciado" ante el Ministerio Público Federal, acusó a "Los Chapitos" de tenerle envidia a su hijo, "El Mini Lic", ser el heredero del cártel y por la violencia en Sinaloa, y de haberlos secuestrado en el restaurante La Leche de Puerto Vallarta, Jalisco, en 2016.
Largo proceso
Para el experto en narcotráfico y autor de diversos libros sobre el Cártel de Sinaloa y sus líderes, José Reveles, el proceso que sigue contra "El Chapo" en Estados Unidos será largo y en algún momento, el sinaloense se tendrán que acoger al programa de testigos protegidos.
Aseguró que la influencia geográfica del grupo criminal no ha disminuido, al contrario, quieren tomar el control de Tamaulipas, Veracruz y Chihuahua.
Sin sentencia
A dos años y medio de la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado obtener una sentencia condenatoria en contra de alguno de los ex servidores públicos que habrían favorecido, según la acusación, al líder del Cártel de Sinaloa.
Guzmán Loera logró burlar la seguridad de uno de los centros penitenciarios más vigilados del país y ahora la PGR intenta demostrar que, además de familiares y amigos, "El Chapo" fue apoyado por los ex funcionarios, mismos que buscan demostrar su inocencia.
Apenas en agosto, el agente federal Emyr Mota Carrillo, dio un revés a la procuraduría al obtener su libertad por resolución de un juez, tres meses después fue incorporado de nuevo a sus actividades en la Policía Federal (PF).
Bajo este proceso en prisión se encuentran 13 ex servidores, entre ellos quien fuera la coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra; Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano, así como Leonor García, ex directora jurídica del penal, que enfrenta su proceso en libertad.
Todos ellos por el delito de evasión de presos: El resto son policías federales que enfrentan la justicia por no activar el código rojo al momento de la fuga y de ese modo colaborar.
Algunos fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como Leonor García, quien fue inhabilitada por 10 años por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando se tuvo conocimiento de la fuga.
A Valentín Cárdenas Lerma se le inhabilitó por 10 años porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad y no activó el código rojo que corresponde en los casos como el de Guzmán Loera.
Los policías federales que están bajo proceso son: Jaime Galindo Hernández, Agustín Jiménez Molina, Miguel Ángel Flores Mirafuentes (supuestamente ese día era el encargado de monitorear a Joaquín Guzmán), Arturo Hernández, Erick Sorcia Martínez, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortés Carrillo, Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez.
En la lista también están Roberto Cruz Bernal, ex comandante de custodios, a quien la Función Pública lo inhabilitó por 10 años por no actuar de inmediato y por omitir realizar una vigilancia permanente minuciosa en el área que le correspondía.
Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención, que fue inhabilitado por 10 años por no atender las llamadas que se presentaron desde el Centro de Monitoreo, no activar la voz de código rojo, ni dar la alerta general; la misma situación ocurrió con Juan Ignacio Cuarenta, otro de los elementos encargados de la custodia.
Luego de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", el entonces comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, aseguró que el día del escape no se escucharon ruidos extraños en la celda 20 donde se encontraba recluido Guzmán Loera, y que el sistema de video vigilancia no tenía sonido.
Pero se contaba con otro monitoreo de la celda con sonido ambiental en el que claramente se escuchan golpes que salen de esa celda. Celina Oseguera, Valentín Cárdenas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), eran los que tenían acceso a esos monitores con sonido.
Por su perfil clínico criminológico y alta peligrosidad, el gobierno federal mantuvo recluido a Joaquín Guzmán en la zona de tratamientos especiales en donde era vigilado las 24 horas del día con un circuito cerrado. Se trataba de la zona más vigilada del penal, misma que fue vulnerada y escapó por un túnel que conectaba el área de la regadera de su celda hasta llegar a un predio en obra negra que está localizado a no más de dos kilómetros del penal.