Ciudad de México.- A menos de un mes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, la falta de acuerdos entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en riesgo la conclusión de cursos para un millón 390 mil 673 estudiantes de educación básica en el país, afectados por el paro indefinido y las movilizaciones que el magisterio disidente sostiene desde el pasado 1 de junio.
Según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con corte al 5 de junio, Oaxaca encabeza la lista de estados con el mayor número de planteles afectados, con 10 mil 653 escuelas cerradas, equivalentes a 80.61% de sus centros educativos públicos. Le siguen Chiapas, con 2 mil 392 escuelas; Zacatecas, con 2 mil 81; Guerrero, con mil 380, y Michoacán, con 767.
Los datos oficiales indican además que 88 mil 106 docentes participan en las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde la CNTE mantiene su mayor presencia organizativa.
En términos de matrícula, el estado de Oaxaca concentra la mayor afectación con 734 mil 54 alumnos sin clases, seguido de Chiapas, con 261 mil 414; Zacatecas, con 217 mil 375; Guerrero, con 117 mil 495, y Michoacán, con 54 mil 106.
A nivel nacional, el paro impacta a 8.49% de las escuelas públicas del país, cuando faltan pocas semanas para el cierre del ciclo escolar.
Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el problema no se limita a una disputa laboral entre el gobierno y el magisterio, sino que involucra directamente la garantía del derecho a la educación de cientos de miles de niños y adolescentes.
El especialista sostiene que los desacuerdos y la falta de voluntad política de las partes para construir una salida negociada mantienen en incertidumbre el cierre del ciclo escolar, particularmente porque no existe una estrategia pública para atender el aprendizaje perdido durante el conflicto.
“Hasta ahora ni la autoridad educativa ni la CNTE han explicado cómo se va a enfrentar el impacto pedagógico de varias semanas sin clases. Ese tema necesariamente tendrá que formar parte de las negociaciones”, advierte el especialista.
Martínez recuerda que de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional, la obligación principal de garantizar el derecho a la educación corresponde al Estado mexicano.