Ciudad de México.- En al menos nueve estados del país el crimen organizado ha implementado una estrategia de extorsión y control de precios.
Pobladores, locatarios, transportistas y, en algunas regiones, autoridades de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco aseguran a El Universal que existe control de precios de las células delincuenciales en alimentos de la canasta básica, materiales de construcción, agua embotellada, tortillas, refrescos, cervezas y hasta útiles escolares.
El modus operandi de las bandas es controlar los precios y elevarlos en cierta cantidad para obtener ganancias. También distribuyen a los establecimientos mercancía robada, que debe ser comprada de manera obligatoria para su venta al público. En algunas entidades, el crimen también desarrolla una red de comercios ilegales que son controlados para la distribución de sus productos, como ocurre también en el Estado de México.
El director de Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas, sostiene que la extorsión es un problema consolidado en el país que se dejó crecer. Este delito aumentó a partir de 2013, cuando se da el efecto del combate al crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón. Subraya que las grandes organizaciones delictivas transmutaron a otras más pequeñas, empezaron a dedicarse a la extorsión y fue un delito que se dejó crecer.
Campesinos de Tierra Caliente en Michoacán -quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias- señalan que Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son quienes concentran todas las mercancías, por ejemplo, refresco, cerveza, abarrotes y carne.
“El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte (...)”, detallan los lugareños.
En el caso de Tamaulipas, los lugareños que solicitaron anonimato y no mencionar las localidades, dicen que sólo se puede comprar a ciertos proveedores de carne, huevo y otros productos, porque así lo ordena el crimen organizado. En Veracruz, los dueños tienen que pagar a varias células criminales el cobro de piso, y sube el precio de la canasta básica y del transporte; por ejemplo, las líneas de autobuses antes cobraban 10 pesos y ahora 12 pesos.
La misma situación se repite en la Comarca Lagunera, entre los límites de Durango y Coahuila, así como en Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco.