En su carta, Amnistía Internacional calificó como un "hito histórico" la decisión del Comité de la ONU de activar el procedimiento internacional, al considerar que abre un canal de diálogo directo con el Estado mexicano frente a una crisis que, señala, ha sido minimizada.
La organización cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado y advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente.
Alertó que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un contexto de impunidad casi absoluta.
En sus conclusiones, Amnistía sostuvo que hay elementos suficientes para considerar que las desapariciones en México son generalizadas y sistemáticas, y reiteró que la impunidad es el principal factor que perpetúa la crisis.
Entre sus principales exigencias, pidió:
-Declarar la crisis como emergencia nacional con resultados medibles.
-Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares.
-Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia.
También denunció la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor.