Ciudad de México.- Este 1 de enero entró en vigor el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución, con el que se otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -encabezada por Omar García Harfuch- nuevas facultades en la investigación de delitos en coordinación con la FGR y otras instancias.
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”, se indica en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La SSPC formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional.
Asimismo, este 1 de enero entró en vigor el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Se indica que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos.
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y sus derivados.
Transgrede DH: ONU
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que la prisión preventiva oficiosa debería eliminarse, pues transgrede los derechos humanos.
Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, declaró que “nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México (...) Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento”.