Ciudad de México.- El gobierno federal endurecerá la Ley de Aguas Nacionales para castigar el huachicoleo de agua y a quien obtenga beneficios a través de cambios en los títulos de propiedad, haga uso indebido u obtenga concesiones mediante sobornos.
El anteproyecto de ley, disponible en línea en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), prevé el retiro de títulos de concesión, una severidad mayor —al elevar las multas de 2 millones a 5 millones— y penas de cárcel de hasta 12 años.
A diferencia de la actual LAN, vigente desde 1992, la nueva reforma considera como faltas administrativas merecedoras de infracción la explotación de volúmenes de agua mayores a los autorizados, la extracción en zonas vedadas sin permiso, así como el aprovechamiento de aguas nacionales sin contar con concesión o en condiciones distintas a las permitidas.
De igual modo, ceder o transmitir de forma indebida los títulos de concesión, cambiar el uso del agua sin autorización o trasladarla con fines de lucro sin contar con permiso. Así como el desvío y obstrucción de cauces, la manipulación de equipos de medición para simular consumos menores y la corrupción en el otorgamiento o solicitud de concesiones, que quedarán igualmente tipificados en el catálogo de infracciones penales.
El anteproyecto, que se encuentra en revisión antes de ser enviado al Congreso de la Unión para su consideración, indica que, por las faltas antes mencionadas, las sanciones previstas contemplan multas que oscilan entre 260 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir 29 mil 416 pesos hasta 5 millones 657 mil pesos, dependiendo de transgresión. En una revisión del anteproyecto, se encontró que se adicionaron por primera vez penas de prisión, como lo mencionó la presidenta el 1 de octubre.
Las mismas van de entre dos a 12 años para quienes trasladen aguas nacionales sin autorización o desvíen cauces con riesgo para la población y ecosistemas; de uno a nueve años para quienes manipulen medidores de consumo; de dos a 12 años para servidores públicos que entreguen concesiones a cambio de beneficios indebidos y hasta 12 años para quienes busquen concesiones por sobornos.