CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de abogados y familiares de miembros de cárteles acusaron el lunes al gobierno de México de violar las leyes al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos sin una orden de extradición.
Los señalamientos se producen menos de una semana después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió a 37 detenidos hacia Estados Unidos en lo que los analistas han descrito como una ofrenda por parte de las autoridades mexicanas para contrarrestar las crecientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles.
México ha enviado a 92 detenidos vinculados con el crimen organizado hacia Estados Unidos en tres diferentes entregas desde febrero pasado. Los traslados son parte de una estrategia más amplia por parte de Sheinbaum para tomar medidas enérgicas contra los cárteles y mantener una relación positiva con Trump.
Los envíos son parte central de un debate legal que ha ido ganando fuerza después de los traslados de la semana pasada. El gobierno de México sostiene que las entregas fueron legales y realizadas por cuestiones de seguridad nacional. Washington asegura que los detenidos eran buscados por crímenes en Estados Unidos y muchos de ellos tenían solicitudes de extradición pendientes.
Abogados de los miembros de los cárteles señalaron el lunes en conferencia de prensa que a sus clientes se les negó el debido proceso porque fueron enviados a Estados Unidos sin una orden de extradición, lo cual involucra un largo proceso legal en México.
"México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación con Estados Unidos", señaló Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas que fueron enviadas a Estados Unidos en el último año. "Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad y responsabilidad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aún cuando implique sacrificar el debido proceso".
Los argumentos son similares a los presentados por los abogados del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien ahora cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.
Sánchez Lagunas es la abogado Itiel Palacios García, miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación que fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado, y de Pablo Edwin Huerta Nuño, otro integrante de la cúpula del cártel de los Arellano Félix que fue trasladado desde México en agosto.
Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de los Zetas, incluso interpuso una demanda penal contra altos funcionarios del gobierno de México, en particular el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, quien ha encabezado buena parte de la ofensiva gubernamental contra los cárteles. La pareja de Guzmán, Juan Pedro Saldívar Farías, fue enviado a Estados Unidos la semana pasada y enfrenta cargos por tráfico de drogas y armas.
En su denuncia presentada el lunes ante la Fiscalía General de la República, Guzmán acusó a García Harfuch y a otros funcionarios de seguridad de "traición a la patria", aunque los abogados de los detenidos que fueron transferidos señalaron que no contaban con los recursos legales dentro de México para impugnar los traslados ahora que sus clientes están fuera del país.
"El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro", subrayó Guzmán. "Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida".
Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, restó importancia a las quejas del lunes y elogió a las autoridades estadounidenses por "acelerar" un proceso legal que a menudo se estanca durante años gracias a que los abogados presentan un amparo tras otro en un intento por frenar la aplicación de la ley.
Vigil señaló que la Constitución de México faculta al presidente del país a tomar acciones de esta magnitud para proteger la seguridad nacional. Aunque Guzmán y los abogados aseguraron que los detenidos no representan una amenaza porque ya estaban cumpliendo sentencias de prisión en México, Vigil no tardó en señalar que los capos suelen utilizar las prisiones mexicanas como centros para sus operaciones criminales.
"Sheinbaum lo hizo para mejorar la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero al mismo tiempo entiende que estos individuos, si permanecen en prisiones allí... por lo general tienen acceso a sus organizaciones criminales, tienen acceso a través de teléfonos", declaró Vigil. "Estas vías rápidas son sumamente valiosas en términos de garantizar que se enfrenten a la justicia".