Todo comenzó con el operativo realizado en Coahuila en julio de 2025. En esa acción fueron asegurados alrededor de 15.5 millones de litros de hidrocarburos, 129 carrotanques y se exhibió a una red de empresas utilizadas para introducir combustible al país mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal. Una de ellas, Ingemar, se convirtió en el eje de una investigación que, un año después, culminó con la detención de Ernesto Ruffo Appel, el primer Gobernador panista en la historia de México.
Antes de su captura por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR) ya seguía desde hacía más de un año una investigación derivada del mayor decomiso de combustible registrado durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Las diligencias apuntaron hacia Ingemar, una empresa fundada por Ruffo Appel y señalada por las autoridades como una de las firmas involucradas en "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento".
Ruffo pasó a la historia en 1989 al convertirse en el primer Gobernador de oposición que derrotó al PRI en una entidad federativa. Durante décadas fue considerado un símbolo de la transición democrática y una de las figuras más representativas del PAN. Sin embargo, esa trayectoria quedó eclipsada por la investigación federal que terminó con su captura en Ensenada. La FGR sostiene que la detención es resultado de una indagatoria de "alta complejidad" iniciada tras el megadecomiso de combustible y el seguimiento de las operaciones de Ingemar y otras empresas que integran la red.
Este jueves también fue detenido Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thompson Ramírez y socio minoritario de la empresa Ingemar, quien se deslindó de la sociedad días después de que se diera a conocer que la empresa estaba relacionada con el huachicol fiscal.
La Fiscal Ernestina Godoy Ramos presentó por la noche del jueves los resultados de la investigación de la FGR que desmanteló lo que calificó como "la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento". Al exponer los hallazgos, la Fiscal describió una compleja estructura empresarial, financiera, aduanera y logística dedicada a introducir combustible al país mediante declaraciones falsas, con un esquema que, afirmó, alimentaba tanto la evasión fiscal como el financiamiento de organizaciones criminales.
De acuerdo con la investigación, la red operaba mediante un esquema de importación fraudulenta de combustibles desde refinerías de Texas, en Estados Unidos. Al ingresar el producto a México, las empresas declaraban el 10 por ciento de la capacidad de los ferrotanques o registraban el cargamento como si se tratara de otros productos para reducir el pago de impuestos. Una vez en territorio nacional, el combustible era trasladado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde era descargado sin los permisos correspondientes y transferido a pipas y tractocamiones de distintas empresas para su distribución y comercialización ilegal en varios estados del país.
"Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión llamadas espuelas ferroviarias para su distribución ilegal", indicó Godoy.
La FGR estimó que 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades, lo que representó una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), para un daño inicial superior a 106 millones 800 mil pesos.
Sin embargo, al ampliar las pesquisas sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, la FGR calculó que el perjuicio a la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos.
En ese sentido, la FGR identificó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como una pieza clave en el origen de la estructura empresarial que, según las investigaciones, dio paso a esta amplia red de contrabando de hidrocarburos.
Ernestina Godoy señaló que las pesquisas permitieron establecer que "esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto" Ruffo Appel, es decir Ingemar.
"Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando. El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas", explicó la Fiscal.
Godoy informó que, como resultado de esta primera etapa de la investigación, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre Ruffo Appel y otros cuatro presuntos integrantes de la red ya habían sido detenidos al momento del anuncio.
Desde que el nombre de Ingemar apareció en las investigaciones, Ruffo Appel rechazó cualquier participación en actividades ilícitas. En distintas entrevistas reconoció que era su empresa, pero sostuvo que únicamente realizaba trámites de importación y gestión aduanal de combustibles y aseguró que todas sus operaciones estaban autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Energía.
"Se ha involucrado mi nombre en un asunto de importación de combustibles y esto tiene que ver con poner a disposición toda la información de la compañía que es mencionada por la investigación del señor (Omar García) Harfuch, para que públicamente puedan revisar toda la documentación que está en nuestra mano y que está avalada por la aduana, el SAT y la Secretaría de Energía", comentó a la prensa en julio de 2025. "No tenemos nada irregular en el trabajo que se ha hecho. Hay mucha historia en referencia a ese permiso de importación que viene de hace siete años y que lo ganamos por medio de amparo, porque no se nos había querido otorgar sino hasta que lo resolvió el juez".
Aunque Ruffo aseguró estar dispuesto a entregar toda la documentación de la empresa para demostrar la legalidad de sus operaciones, enfrentó también los señalamientos del empresario Ricardo Thompson, cofundador de Ingemar.
Thompson acusó públicamente a Ruffo Appel y a José Valdés Cuervo de haberlo despojado de sus acciones y del control administrativo de la compañía. Según su versión, él y su hijo fueron excluidos de una asamblea celebrada en noviembre de 2018, perdiendo desde entonces su participación en la empresa.
"Desde esa fecha Ernesto Ruffo y José Valdés Cuervo administran la empresa y se benefician con la importación de combustible. Desconocemos si Ernesto Ruffo y Valdés Cuervo se dedican al huachicoleo", declaró Thompson al diario El Vigía.
Ingemar fue constituida en octubre de 2018 con un capital social de apenas 50 mil pesos y un objeto social sumamente amplio, que iba desde actividades inmobiliarias hasta servicios de construcción, informó previamente El Universal. Meses después modificó su acta constitutiva para incursionar en el negocio de los hidrocarburos, incorporando actividades de importación, exportación, almacenamiento y comercialización de combustibles.
En 2023, según la misma información, obtuvo un permiso extraordinario para importar hasta 500 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina, pese a que el Gobierno federal mantenía congelados miles de permisos similares. Ingemar obtuvo permisos para importar hidrocarburos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tras la detención, el Partido Acción Nacional exigió que las autoridades conduzcan el caso con estricto apego a la legalidad, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. En un comunicado, el partido afirmó que confía en que Ruffo aclarará los señalamientos conforme avancen las investigaciones y sostuvo que "nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano".
El PAN también cuestionó lo que calificó como un trato desigual en la aplicación de la justicia, al comparar la rapidez con la que actuaron las autoridades en este caso con otros expedientes abiertos contra funcionarios de Morena.
Por su parte, Somos México, organización de la que Ruffo forma parte como consejero consultivo, calificó la detención como un "inaudito atropello" y exigió su liberación inmediata. El movimiento sostuvo que Ingemar únicamente realizaba gestiones aduanales para terceros y atribuyó el caso a una estrategia para desviar la atención de otros escándalos políticos.
La investigación contra Ingemar
El 8 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las empresas Belar Fuels, con sede en Estados Unidos, e Ingemar S.A. de C.V. estaban relacionadas con el histórico decomiso de combustible en Coahuila. Según las autoridades, ambas compañías habrían presentado documentación apócrifa para introducir al país un volumen de hidrocarburos superior al autorizado.
Tras darse a conocer los señalamientos, Ruffo difundió un video en el que reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y sostuvo que el permiso para importar combustibles había sido obtenido por la vía judicial. "El permiso de importación fue obtenido mediante amparo", afirmó.
En septiembre de 2025, durante una entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Ruffo insistió en que era accionista, pero no socio mayoritario de Ingemar.
"Yo soy accionista de Ingemar, no mayoritario, pero tenemos ahí en la oficina toda la documentación de todos los pedimentos de importación y esto que sucedió con un tren que entró de contrabando combustible allá Coahuila nosotros hicimos la importación de algunos de los volúmenes muy probablemente contenidos en ese tren y de ahí yo creo vieron mi nombre exgobernador del PAN y lo estallaron mediáticamente", afirmó Ruffo Appel.
La FGR informó que detuvo a Ernesto Ruffo Appel, primer Gobernador del PAN en Baja California, por su presunta responsabilidad el delito de huachicol fiscal.
El exgobernador Ernesto Ruffo fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California. Foto: Chris Noyola Martínez, Cuartoscuro
En esa conversación explicó que Ingemar no compra ni vende combustible, sino que únicamente realiza los trámites aduanales de importación. "El comercializador es el que tiene los tratos con la refinería... nos entrega el documento que respalda el combustible", explicó.
Añadió que la función de la empresa consiste en elaborar los pedimentos de importación y presentarlos ante la aduana. "Hacemos un pedimento y esperamos que llegue el transporte... empatamos el documento de embarque con el pedimento de importación de Ingemar y se lo presentamos a la aduana."
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un fraude mediante el uso repetido de un mismo pedimento, Ruffo respondió que esa supervisión corresponde exclusivamente a las autoridades aduaneras. "Eso es el trabajo de la aduana", dijo, aunque reconoció que podrían existir irregularidades si un mismo documento fuera utilizado para ingresar un volumen mayor de combustible al autorizado.
La Fiscalía General de la República sostiene una versión distinta. De acuerdo con la institución, la investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de hidrocarburos permitió reunir los elementos para solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Con ello, la trayectoria del hombre que simbolizó la primera gran alternancia política en México quedó ligada a una de las investigaciones por presunto huachicol fiscal más importantes de los últimos años, una pesquisa que comenzó con un decomiso histórico y terminó, doce meses después, con la captura del primer Gobernador panista del país.