CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estableció que en el tema de la marihuana, el Estado debe regular desde la siembra hasta la comercialización de la cannabis e imprimir en ello un principio de justicia social a favor de comunidades campesinas que viven en la pobreza.
Mediante un instituto regulador, Sánchez Cordero plantea que el Estado tenga la rectoría absoluta sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización de cualquier forma del cannabis y sus derivados.
En la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la senadora con licencia, incluye el principio de justicia social que deberá de expresarse en acciones de apoyo al bienestar de quienes han vivido por décadas las consecuencias de la política prohibicionista en vigor.
La ministra en retiro explicó que al efecto, el instituto regulador expedirá licencias “que se van a dar principalmente a sociedades cooperativas de campesinos”, al tiempo que la comercialización genera impuestos para la hacienda pública.