Ciudad de México.- La reforma penal fiscal no es terrorista ni arbitraria. Es una guerra frontal contra la corrupción y la evasión para dar con las cabezas de las empresas factureras y desmantelar las bandas delictivas, afirma el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
En entrevista con El Universal destaca que el paquete fiscal 2020 propone crear una nueva lista negra para señalar como contribuyentes incumplidos a partidos políticos, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, y universidades, entre otras entidades que reciban recursos públicos.
En sus oficinas de Insurgentes Sur, el abogado de la Secretaría de Hacienda asegura que la autoridad será implacable para aplicar todas sus facultades contra los delincuentes fiscales peligrosos. Dice estar listo para actuar a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que los diputados ratifiquen la reforma que aprobó el Senado y el paquete fiscal 2020.
A aquellos que se oponen a darles más herramientas para equiparar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, Romero Aranda les responde que se trata de una reforma democrática que respetará las garantías individuales.
El funcionario federal señala que “las factureras son las que están infundiendo miedo a los empresarios, a quienes les hacen creer que serán tratados como terroristas.