Ciudad de México.- El duro mensaje que dio en Sinaloa el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el cual advirtió que los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción”, es el principio de una campaña que podría derivar en acusaciones en Estados Unidos contra políticos mexicanos ligados al crimen organizado, reporta este domingo el diario Los Angeles Times.
Durante la colocación de la primera piedra del megaproyecto de metanol, Pacífico Mexinol, Johnson dijo que el presidente Donald Trump ha dejado claro que “el camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no sólo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”.
“Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, reiteró.
“Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, y es que, añadió, “eleva los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, continuó el embajador.
Pero de acuerdo con Los Angeles Times, que cita fuentes informadas que pidieron el anonimato, los comentarios son parte de amplia campaña del gobierno estadounidense cuyo blanco son funcionarios mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.
Esta campaña, añadió, no se limitaría a la cancelación de visas para los sospechosos de tener nexos con los cárteles mexicanos de la droga, como ha ocurrido en los últimos meses.
Esta vez, señala el LATimes, la campaña podría incluir acusaciones a políticos mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.
El diario detalla que los fiscales encargados de llevar la iniciativa a la práctica podrían recurrir a informantes potenciales, y recuerda los casos de Joaquín y Ovidio, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes están detenidos en Chicago y firmaron acuerdos de culpabilidad. Se cree, señala LA Times, que muchos de estos detenidos mexicanos estarían ansiosos de convertirse en “delatores” de sus antiguos cómplices, entre los que se cree se encuentran políticos y policías corruptos.
El Departamento de Estado de EU ya ha revocado visas de diversos funcionarios de Morena, indicó Los Angeles Times, incluyendo los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y, presuntamente, al de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha negado cualquier nexo con los cárteles.