Ciudad de México.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados, señalados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York afirma que los funcionarios presuntamente conspiraron “con líderes del Cártel de Sinaloa” para “importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos”.
La acusación incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que los acusados han desempeñado un papel fundamental a la hora de ayudar al Cártel de Sinaloa, que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera, al introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y recibir a cambio “millones de dólares” del cártel.
En el documento se señala que los acusados “han desempeñado diversas funciones esenciales para el cártel: entre otras cosas, presuntamente han protegido a los líderes de investigaciones, detenciones y enjuiciamientos; han facilitado que se proporcionara información sensible de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del cártel, y a narcotraficantes aliados, para ayudar en las actividades delictivas” de la organización criminal.
Asimismo, advierte que algunos funcionarios de la policía, incluyendo a ciertos acusados, han participado directamente en los actos de violencia y represalias del cártel, entre otros, asesinando a enemigos del cártel y secuestrando en México a personas sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadounidenses en esta investigación.