CIUDAD DE MÉXICO.- En octubre del año pasado, Juan se encontraba en su negocio de venta de hierbas medicinales, ubicado en un mercado de la zona metropolitana de Toluca, cuando unos hombres se presentaron a cobrar la cuota. Le pedían 100 mil pesos por “derecho de piso”.
Juan había logrado evadir el pago por varios meses, pero las amenazas iban subiendo de tono: “Ya tienes que entrarle con la cuota, si no te va a cargar. Nos mandó la jefa”.
Él quería negociar, pero fue imposible. Los hombres no llegaron a negociar. Juan terminó en el hospital tras ser golpeado; lo picaron y le pegaron con tubos.
La historia de este comerciante quedó registrada en sentencias del Poder Judicial de la Federación, y es una de las 54 mil 424 denuncias que se convirtieron en carpeta de investigación por el delito de extorsión durante el periodo de gobierno de López Obrador, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
A diferencia de delitos como el homicidio doloso, feminicidio, lesiones por arma de fuego o secuestro, la extorsión mantiene tendencia al alza sostenida, como reconoció Marcela Figueroa, titular del SESNSP, durante la presentación de las estadísticas de la incidencia delictiva con los que arrancó la nueva administración.