Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR) enfilaron sus baterías contra Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, por el caso de la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada García, que volvió al centro del debate el tema de la soberanía nacional.
Desde Palacio Nacional, la Mandataria reiteró que Salazar mintió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que no hubo participación de agencias estadounidenses en la operación del 25 de julio de 2024, cuando una versión periodística sostiene que el FBI ejecutó la extracción del fundador del Cártel de Sinaloa.
Prueba de ello, dijo, “es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos”.
Más tarde, la fiscal Ernestina Godoy Ramos salió en conferencia a acusar a Ken Salazar de mentir sobre el caso, lo que, aseguró, representaría una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, de confirmarse la autoría del FBI en la operación.
“El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país no participó en esa operación, que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o su gente en México; sino que fue una operación entre cárteles”.
Indicó que “de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por él, se traduciría en violaciones graves al derecho mexicano e internacional”.
Acompañado del fiscal de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, y del titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, Godoy Ramos aseguró que el gobierno de Estados Unidos les ha entregado información falsa, parcial e insuficiente para esclarecer lo ocurrido hace dos años en Culiacán, Sinaloa.
Para la fiscal Godoy, el secuestro de “El Mayo” fue resultado de una serie de beneficios que recibió Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo de “El Chapo” Guzmán, como incorporación como testigo protegido, tras ser extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023.