Ciudad de México, 26 abr (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México llevó a proceso a José Luis ´N´, deportado desde Estados Unidos, por su probable participación en delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas, informó este domingo la institución.
Coordinación internacional para la detención y proceso judicial
La Fiscalía indicó en un comunicado que el hombre fue entregado mediante una deportación controlada en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas.
La operación derivó en coordinación con la oficina de enlace de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la Embajada de Estados Unidos en México.
El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) acudió al cruce fronterizo con apoyo de personal de Interpol México para recibir al individuo.
Investigación y vinculación a proceso
De acuerdo con las investigaciones citadas por la FGR, desde 2017 José Luis ´N´ habría sometido a explotación sexual a una víctima en los estados mexicanos de Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California y Oaxaca, así como en Houston, Texas, en Estados Unidos, situación que presuntamente se prolongó hasta julio de 2024.
La indagatoria señala que el imputado posiblemente se benefició económicamente de esos hechos y que habría golpeado a la víctima cuando no recibía el dinero que exigía, además de amenazarla con quitarle a sus hijos.
La Fiscalía sostuvo que, una vez integrados diversos elementos de prueba, solicitó una orden de aprehensión contra el hombre y, mediante la colaboración con autoridades estadounidenses, logró su deportación.
"Estos hechos fueron investigados exhaustivamente y una vez que se contó con diversos elementos, se solicitó la orden de aprehensión en su contra", apuntó la FGR.
Durante la audiencia inicial, personal ministerial de la FEVIMTRA presentó los datos de prueba necesarios para que un juez dictara la vinculación a proceso, impusiera prisión preventiva y fijara dos meses para realizar la investigación complementaria en su contra.
La FGR recordó que a la persona mencionada "se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente".