La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la extradición del exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, y del exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo local, Guillermo Loaiza Gómez, implicados en el desfalco de más de tres mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.
Buscado por la Interpol en más de 190 países, Patrón Reyes fue ubicado en los Estados Unidos, a donde huyó luego de que una jueza federal librara orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales.
Mientras que a Loaiza Gómez se le localizó en la República Argentina, por lo que la FGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó ya la entrega de ambos colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien también es buscado por este caso en el que hasta el momento hay cuatro detenidos.
Estos son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración; J. Antonio Bernal Bustamente, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Carrillo, exdelegado Administrativo de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la SSP de Michoacán, quienes están próximos a cumplir un año presos en distintos penales de la Ciudad de México, por los delitos mencionados.
En tanto que Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán; Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretarios de Seguridad Pública, así como Guillermo Loaiza Gómez, exdirector general del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán, continúan prófugos de la justicia.
Las autoridades consultadas creen que Aureoles Conejo no ha salido del país y andaría a salto de mata por diversos estados.
En marzo del año pasado, la Interpol emitió ficha roja para la búsqueda y localización de Silvano Aureoles, así como de sus excolaboradores buscados por la Fiscalía General de la República (FGR) para ser presentados ante la jueza de control del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien lleva el caso por el millonario desvío de recursos para la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La FGR acusa al grupo de exfuncionarios de primer nivel de realizar operaciones irregulares de arrendamiento, mantenimiento y adquisición de los inmuebles entre 2016 y 2021, con base en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que presentó las denuncias correspondientes por el desvío de recursos del erario estatal.