Fiscalía mantiene investigaciones contra exvicefiscal de Sinaloa

Las investigaciones iniciaron cuando Castro aún estaba en funciones y continúan pese a su renuncia reciente.

La Fiscalía General del Estado mantiene activas dos investigaciones administrativas contra el exvicefiscal general Dámaso Castro Saavedra. Estos procesos derivan de las acusaciones en su contra en Estados Unidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada y de su actuación en el caso del homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Durante el evento de entrega de 67 patrullas, la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que ambos expedientes continúan en curso dentro del Órgano Interno de Control. Precisó que las indagatorias se iniciaron cuando Castro Saavedra aún estaba en funciones, por lo que deberán concluirse a pesar de que presentó su renuncia la semana pasada, tras vencer su licencia de seis meses.

La titular del órgano autónomo detalló que ambos asuntos, tanto los señalamientos de las autoridades estadounidenses como el asesinato de Cuén Ojeda, también son atendidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto a la dimisión presentada por Dámaso Castro el pasado 5 de noviembre, Sánchez Kondo aclaró que se trató de una separación voluntaria, por lo que no existió negociación alguna para otorgarle una liquidación económica. No obstante, señaló que el exfuncionario acumula 28 años de servicio, lo que le otorga el derecho de tramitar una pensión conforme a la Ley de Seguridad.

Tras el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo, ocurrido en julio de 2024, Dámaso Castro encabezó las primeras diligencias como vicefiscal. En ese momento, se difundió un video para sostener la hipótesis de un supuesto intento de robo de camioneta; sin embargo, al atraer el caso, la FGR desvirtuó dicha versión y señaló diversas omisiones, errores e inconsistencias en la investigación estatal.

Asimismo, a finales de abril de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención preventiva con fines de extradición contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el propio Dámaso Castro, tras señalarlos por presuntos vínculos con el crimen organizado.