“Focos rojos” en el Poder Judicial de SLP

Investigan corrupción, nepotismo, acoso sexual y colusión con delincuentes en varios estados

Ciudad de México.- Desde el sexenio pasado los casos de corrupción, colusión de funcionarios con delincuencia organizada, nepotismo, acoso sexual y hostigamiento laboral, entre otros ilícitos, han hecho del circuito judicial de Jalisco el dolor de cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF).

A finales del año 2018, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió un mapa en el que se identificaron los estados del país donde hay indicios de corrupción por parte de los jueces y magistrados federales.

Un documento entregado al pleno del CJF por el entonces ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, detalla que las entidades señaladas como “focos rojos” son Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Zacatecas.

Se ha puesto más énfasis en el circuito del estado de Jalisco, que se ha considerado foco rojo desde la administración del ministro en retiro Juan Silva Meza (2011-2014), quien ante los constantes reportes de casos de corrupción ordenó investigar a los funcionarios judiciales.

Esto significó la readscripción o inicio de procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados, secretarios y otros funcionarios adscritos a juzgados y tribunales federales en Jalisco; muchas fueron impugnadas y resueltas por la Corte.

Fuentes federales confirmaron a El Universal que el pleno del CJF también ha solicitado la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para identificar posibles anomalías en los ingresos de los funcionarios.

A pesar de que la “purga” del Tercer Circuito inició hace ocho años, aún continúa con problemas de corrupción e irregularidades.

Una vez que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notifica a jueces y magistrados que forman parte de alguna indagatoria, el reglamento indica que se les debe suspender del cargo para no comprometer las investigaciones.

Entre 2017 y 2018 la Corte ordenó el inicio de 36 procedimientos disciplinarios contra jueces, magistrados y secretarios federales, de los cuales siete involucran a funcionarios de Jalisco; cuatro han presentado recursos de revisión.