Ciudad de México.- El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) presentó este viernes el informe “Fue el Estado: 1965-1990”, sobre la represión del Gobierno mexicano durante dicho periodo de la ‘Guerra sucia’, y denunció que las Fuerzas Armadas y de seguridad continúan ocultando información crucial, con el respaldo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
En contraste con la cifra oficial de 1,500 víctimas de la ‘Guerra sucia’, periodo de represión contra disidentes, el MEH documentó 8.594 víctimas de 11 violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990, de las que el Estado fue responsable.
Carlos Pérez Ricart, comisionado del referido mecanismo, puntualizó en la presentación del reporte que muchas personas sufrieron múltiples violaciones aunque sean menores, lo que eleva el número de víctimas a 11,743, pero destacó que son sólo los casos con evidencia.
“Ni siquiera pudiendo investigar durante 30 años habríamos podido tener un número que se acercara al número real de víctimas”, apuntó, y agregó que esta cifra no incluye las más de 123,000 víctimas de desplazamiento forzado de las que hay registro.
El informe de más de 4,700 páginas revela que el Estado mexicano utilizó una estrategia sistemática de represión, incluyendo tortura y desapariciones forzadas, y que esta violencia ha persistido bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
La evidencia generada por el mecanismo de la Comisión de la Verdad, creada por López Obrador, mediante más de 1,000 testimonios y 90 archivos abiertos, muestra que estas prácticas continúan, como prueba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma contundencia con la que se ha demostrado, también, que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hace casi una década”, señala un fragmento del informe leído por Pérez Ricart.
El comisionado David Fernández alertó de que instituciones como el Ejército siguen protegiendo información clave que revelaría su responsabilidad en estas violaciones, incumpliendo así mandatos presidenciales que ordenan el acceso irrestricto a los archivos militares.
Añadió que tampoco pudieron acceder a archivos del Estado Mayor presidencial ni a desclasificar archivos de México en Estados Unidos porque necesitaban “un respaldo de la Presidencia y de la Cancillería que nunca” pudieron conseguir.
A la presentación del informe asistieron sobrevivientes y sus familiares, como Irma Pineda, Alicia de los Ríos, Denisse Valverde y Tita Radilla.