CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Existen retos estructurales que impiden garantizar el derecho a la salud en México de acuerdo con la Evaluación Integral del Derecho a la Salud 2023-2024, llevada a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Dichos retos son: la fragmentación y segmentación del sistema público de salud, la falta de directrices integrales acerca de su funcionamiento y coordinación en el marco de su reconfiguración, la baja inversión y la asignación desigual de los recursos entre subsistemas, así como la calidad diferenciada de la atención y los servicios.
Como consecuencia de la baja inversión, la fragmentación de los sistemas y las desigualdades en el financiamiento, el gasto per cápita en salud para la población sin seguridad social fue de 3 mil 979.7 pesos, cifra 27% menor a los 5 mil 446 pesos asignados a la población con seguridad social.
Resolver los retos estructurales permitirá avanzar en temas más específicos como el gasto de bolsillo en México, las atenciones médicas preventivas y en áreas con padecimientos de atención prioritaria, así como el déficit en recursos humanos y la necesaria completitud, integralidad y consolidación del sistema de información, afirmaron los especialistas del Consejo.
El gasto de bolsillo en México es de 42.1%, que equivale al doble del 20% del gasto corriente total en salud recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Adicionalmente, el porcentaje de la población que incurrió en gastos catastróficos en México se duplicó entre 2018 y 2020, al pasar de 2.4% a 4.4%.
Frente a lo anterior, los analistas consideran que es necesario regular la generación y calidad de bienes y servicios de salud, incluyendo los ofrecidos en los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), y crear un Sistema Nacional de Inteligencia en Salud para contar con información para la planeación, implementación y seguimiento de la política de salud, así como para reaccionar de manera oportuna ante emergencias sanitarias.
Las recomendaciones para garantizar el derecho a la salud expresadas por el Coneval en su evaluación incluyen: el diseño de una política integral en salud con acciones estructurales que contribuyan a avanzar en la garantía de derecho, como definir un paquete de servicios homologado con financiamiento para todos los sistemas con atención a padecimientos de alto costo y baja incidencia que no pueden prevenirse y otro para padecimientos prevenibles.