El Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a acreditar en 24 horas haber realizado los trámites y gestiones ante la OCDE para garantizar la realización de la Prueba Pisa y, en caso de incumplir, se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La resolución del Poder Judicial de la Federación fue producto de un amparo presentado por Educación con Rumbo (ECR), que ordenó el viernes pasado una suspensión definitiva que obliga a la SEP y a Mejoredu a garantizar la participación de México en la prueba PISA, aplicada a estudiantes de 15 años
El abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz Gómez refirió que el Poder Judicial ha iniciado el proceso para hacer cumplir sus determinaciones, lo cual resulta urgente y necesario para salvaguardar el derecho humano a la educación, considerando que el impacto de no llevar a cabo la prueba afecta de manera directa a 24 millones de estudiantes y a un millón de docentes, al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación en México para implementar políticas públicas que permitan garantizar la mejora continua en la educación como lo establece la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño.
Por su parte, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo precisó que resulta muy delicado que mientras en diversos países de la OCDE se han iniciado los trabajos de arranque y pilotaje de la Prueba Pisa, en México la sociedad civil y el Poder Judicial están exigiendo a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la Prueba PISA se realice en el ejercicio 2025 para que la siguiente administración cuente con los parámetros técnicos para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con la participación de la sociedad.