El Gobierno mexicano libró el pago de más de 2 mil millones de dólares a presuntos estafadores relacionados con Héctor Serrano y Federico Döring, dos actuales diputados del Verde y del PAN.
Personas con antecedentes de fraude le ofrecieron en 2015 unos taxímetros digitales al operador político de Miguel Ángel Mancera, el ahora coordinador de legisladores del Partido Verde en el Congreso de San Luis Potosí, Héctor Serrano Cortés. Esta concesión atípica y pactada provocó que el Estado mexicano enfrentara un litigio en un tribunal de Estados Unidos por una demanda millonaria que, seis años después, por fin pudo librar.
Litigio internacional y resolución en CIADI
En un caso iniciado en mayo de 2020 bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este 26 de marzo de 2026 el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó de manera total todas las reclamaciones presentadas por las empresas Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC en contra del gobierno mexicano, incluyendo el pago por indemnización de más de 2 mil millones de dólares por supuesta pérdida de inversión y robo de idea.
En mayo de 2023 SinEmbargo publicó la historia que, basada en documentos consultados, involucra a dos presuntos estafadores y a dos actualmente legisladores, al Diputado del Partido Verde Héctor Serrano (operador político de Mancera señalado de espionaje y represión policial) y al Diputado panista Federico Döring. El caso se cimentó en dos concesiones atípicas pactadas a puerta cerrada, con documentos falsos y obtenidas con apoyo de la propia concesionaria, la Secretaría de Movilidad capitalina dirigida entonces por Serrano.
Incluso ambos presuntos estafadores, Santiago León y Eduardo Zayas, intentaron fallidamente el financiamiento de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, para la aplicación L1BRE, que planeaban colocarse en taxis con tabletas.
En junio de 2016 Accendo Holdings, propiedad del heredero Moisés Cosío Espinosa, invirtió al menos 40 millones de dólares a través de intermediarios, pero luego Cosío retiró el dinero; por lo que alrededor de septiembre de 2017 buscaron capital de Libero Partners, una firma con participación indirecta de Fabio Massimo Covarrubias Piffer y Salinas Pliego. Un representante de Grupo Salinas, Luciano Pascoe, dijo al Wall Street Journal que "algunas personas buscan involucrar al Señor Salinas Pliego con asuntos que le son ajenos".
Concesión irregular y participación de legisladores
En el segundo semestre de 2015, el exdiputado del Partido Verde, Santiago León Aveleyra, buscado por la Interpol desde 2022 por señalamientos de fraude a inversionistas, se reunió con Héctor Serrano, entonces Secretario de Movilidad en el Gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera.
Al mostrarle la aplicación Taxinet de Ecuador, le vendió la necesidad de instalar taxímetros digitales en la flota de miles de taxis de la capital del país, un proyecto que tenía con su otro socio, Eduardo Zayas, quien ya tenía antecedentes de haber defraudado a la actriz Leticia Calderón con una inversión en una concesión minera para extraer oro, pero que ya estaba vencida.
El proyecto de su empresa Servicios Digitales Lusad (filial de L1BRE Holding) no tenía el software funcional, financiamiento ni experiencia técnica previa. Además plagiaron el desarrollo de la aplicación implementada en Ecuador. Pero en junio de 2016 la Semovi de Serrano les dio un "proyecto de concesión" (SEMOVI/DGSTPI/001/2016) de "periodo de prueba" y fue hasta abril de 2018 cuando se otorgó el título de concesión de 10 años para la instalación de las tabletas L1BRE con "geolocalización satelital", muestran los documentos públicos del caso Espíritu Santo y L1BRE contra el Gobierno de la Ciudad de México.
Para obtener estas concesiones atípicas sin licitación pública tuvieron ayuda de la Semovi. A través de correos extra institucionales, exfuncionarios de la Secretaría capitalina especificaron a los hombres acusados de estafadores los pasos a seguir para solicitar y obtener la concesión. En diciembre de 2015, por ejemplo, Eduardo Zayas recibió comentarios para "un contrato de prestación de servicios" (concesión Lusad) de Rubén García, entonces director Jurídico de la Semovi.
Pero durante el largo litigio, la Secretaría de Economía argumentó ante el Tribunal en Nueva York que la Semovi no cuenta con las facultades para concesionar taxímetros. De hecho, los taxímetros se regulan mediante permisos y autorizaciones de la Secretaría de Economía y Profeco, y no mediante concesiones.
El empujoncito como "lobbyst" (cabildero) también vino del panista Federico Döring, quien por su carrera legislativa conocía a uno de los presuntos estafadores, Santiago León, exdiputado del Verde cuya única ventaja para vender esas tabletas no era su capital o experiencia en el sector tecnológico, sino esa "conexión" con el Gobierno de la CDMX. Döring programó una reunión con Santiago León y Héctor Serrano Cortés, Secretario de Movilidad. También León le informó a Luis Noboa, de la aplicación Taxinet de Ecuador que inspiró a L1BRE, que el panista "plancharía" con Serrano para llegar a acuerdos.
En las evidencias de mensajes de texto presentadas ante el tribunal estadounidense se lee un intercambio de mensajes entre León y Noboa, en el cual implican la participación de Döring para buscar expandir el negocio al Estado de México, Querétaro o Quintana Roo, una vez completado el trato con la Ciudad de México.
–Tenemos al Secretario de Transporte del Estado de México para cuando queramos vernos con él, a Isidro Pastor– dijo el exdiputado del PVEM a Noboa el 20 de agosto de 2015.
–Y [Eduardo] Zayas ya vio a un sindicalizado que tiene 8 mil taxis; y FD (Federico Döring) tiene a Querétaro y a Quintana Roo en la mira, para cuando queramos– continuó.
"Les ganó la ambición"
En este proyecto de taxímetros de L1BRE no solo ganarían los estafadores, sino que también le "ganó la ambición" al entonces Secretario de Movilidad Héctor Serrano porque buscó cobrarles a los taxistas por usar esos taxímetros digitales, según dijo el exdiputado del Verde y socio de L1BRE, Santiago León.
En efecto, el 29 de mayo de 2018 un grupo de 254 taxistas se amparó (693/2018) en un juzgado de la Ciudad de México contra la ilegal obligatoriedad de instalar las tabletas y pagar entre 10 a 12 pesos por el uso de la aplicación en cada viaje. Después se buscó cobrar esos pesos al usuario del taxi.
–Hola mi Lucho [su socio Luis Noboa, de la aplicación Taxinet de Ecuador que inspiró la de L1BRE]. Acabo de salir –le escribió Santiago León tras reunirse con el Secretario de Movilidad, Héctor Serrano– No sé cómo decirte lo que quieren ahora, jaja.
–¿Cómo es eso? Jaja –le respondió Noboa la tarde del 17 de septiembre de 2015.
–¡Quieren hacer obligatorio el pago! Están locos.
–¿Qué pago?
–Los diez pesos.
–¿Subir el banderazo? –cuestionó Noboa sobre los pesos que L1BRE planteaba cobrar a los taxistas o usuarios por el servicio del taxímetro digital–. O sea, que los diez pesos los pague quién, ¿obligatoriamente?
Serrano, el operador político de Mancera, fue acusado de liderar la red de espionaje a adversarios políticos, incluyendo integrantes de Morena; así como estar detrás de la represión policial en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012 y el desalojo del magisterio en el 2013.
Actualmente es el coordinador de diputados del Verde en el Congreso de San Luis Potosí, un bastión del partido del tucán que ha tenido diferencias con su aliado electoral Morena, en el marco de la reforma electoral.
El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera anunció el 14 de septiembre de 2017 en un evento en el Zócalo capitalino la transición hacia taxis híbridos y, con menor importancia, mencionó la aplicación L1BRE, un servicio de taxímetros digitales planeado como una medida de seguridad, aunque –después se alertó en el juicio– no tuviera conexión con el Centro de Comando (C5) ni pudiera utilizarse en teléfonos celulares como otras aplicaciones de movilidad.
Cuatro días después, 18 de septiembre de 2017, Serrano presentó su renuncia como titular de la Semovi para enfocarse en la fallida pretensión de su jefe de ser el candidato a la Presidencia en 2018.
Responde Serrano
Pulso de San Luis Potosí
A quien corresponda
Presente
En referencia a la nota publicada el pasado 2 de abril del año en curso, titulada "Gobierno mexicano libra pago millonario por estafa en CDMX", me permito hacer las siguientes precisiones:
Es falso que tenga o haya tenido nexo alguno con los promoventes del litigio, que se mencionan en la publicación.
Festejo que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) haya fallado en favor del gobierno mexicano, ante el intento de los promoventes para obtener recursos del gobierno federal.
Es falso que haya entregado algún título de concesión durante el tiempo que he sido servidor público, que incluye mi paso por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Durante los 40 años que tengo de servicio, nunca he entregado concesión alguna.
Por lo que solicito que atendiendo mi derecho de réplica, inscrito en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva publicar la presente, en espacio igual, al que fue publicada la nota en comento.
Atentamente
Héctor Serrano Cortés