Ciudad de México.- A siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las autoridades federales no han podido encontrar a los estudiantes y no se ha podido esclarecer qué fue lo que pasó con ellos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Padres y familiares exigieron al presidente López Obrador profundizar las investigaciones sobre la posible participación de elementos del Ejército, en específico, del 27 Batallón de Infantería de Iguala, para determinar si tiene responsabilidad en los hechos.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, aseguró que lo que ha trabado el esclarecimiento del caso es que no hay voluntad para investigar a los militares.
“No se quiere indagar al Ejército. Con los datos de prueba, se da cuenta de que dio seguimiento a los estudiantes, también que ellos patrullaron distintos lugares donde estaban siendo agredidos y hay un testigo que dice que fueron llevados, por lo menos, 25 estudiantes al 27 Batallón. Ese testimonio ya fue ratificado”, dijo.
Señaló que hay datos que prueban que los militares de Iguala tenían vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo que, junto con policías municipales, presuntamente habían asesinado a los normalistas; por eso está detenido el capitán José Martínez.
“Estos elementos hacen necesario abrir una investigación exhaustiva contra esos elementos del Ejército, para deslindar su responsabilidad”, afirmó.
Agregó que en la reunión del viernes con el presidente López Obrador, el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal General, Alejandro Gertz, el momento más ríspido fue cuando se le exigió al Ejecutivo profundizar en esa línea de investigación, pues el Ejército no ha mostrado apertura en el caso.
“Lo único que el Presidente dijo fue que tenía confianza en el secretario de la Defensa y que ya se habían aportado elementos e información, ahí quedó.
Insistió en que hay datos de prueba que dicen que los estudiantes presuntamente fueron ingresados al 27 Batallón y ahí fueron asesinados, mientras que otros testimonios comentan que fueron entregados a Guerreros Unidos. “El Ejército debe asumir una posición y decir: ‘Estamos dispuestos a ser investigados’, porque vemos que no hay mucha disposición”, reiteró.