Ciudad de México.- Desde 2018 han persistido anomalías por mal uso de recursos que el gobierno federal destina a los estados para el pago de nómina y operación de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelan que son cerca de mil millones de pesos los daños al erario, derivados de presuntos fraudes como pago a maestros ausentes de las aulas, financiamiento de trabajadores no identificados en sus centros laborales y pago a personal ya fallecido.
Lo anterior impacta con más fuerza en los estados donde opera y mantiene un control histórico la CNTE, como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Las inconsistencias presupuestales se han detectado en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y mantiene un patrón sistémico que se repite año con año.
Para los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, la ASF detectó que 21 gobiernos estatales destinaron más de 156.4 millones de pesos de recursos federales exclusivamente para pagar las nóminas de profesores y trabajadores de la educación que ya habían fallecido.
La fiscalización comprobó que las administraciones locales realizaron 27 mil 854 pagos ilegales en beneficio de 4 mil 160 empleados difuntos a nivel nacional. Sólo en 2020, el desembolso a personas fallecidas ascendió a 107.9 mdd.
Entre los estados que se negaron a comprobar o solventar el destino de estos recursos destacaron Michoacán y Oaxaca, dejando una bolsa pendiente de aclarar de 7.2 millones de pesos en ese rubro.
El escenario crítico se trasladó a Oaxaca en el año 2022, entidad controlada por la Sección 22 de la CNTE. Durante ese periodo, el daño total nacional al FONE cerró en 180 millones 815 mil 500 pesos.
Oaxaca acaparó casi la totalidad de este boquete financiero al registrar observaciones por 157 millones 530 mil 600 pesos, equivalente a 87% del total de las entidades señaladas ese año.
La entidad fiscalizadora detectó nóminas ordinarias federales improcedentes, personal inubicable en las escuelas y dispersión de recursos a maestros fallecidos.
El gobierno de Oaxaca únicamente reintegró 530 mil 500 pesos, quedando una deuda pendiente con el erario de 157 millones 530 mil 600 pesos.