Foto: Archivo
Al cumplirse ocho años de la masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, hay 11 procesados y una orden de aprehensión pendiente, sin ninguna sentencia, informó la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, Ana Lorena Delgadillo.
"Para nosotros es muy lamentable que esta información no llega a las familias que se encuentran en Centroamérica, no tienen acceso a la información", dijo Delgadillo.
La organización que Delgadillo dirige representa a 10 familias del caso de la masacre de San Fernando, las cuales son de El Salvador, Guatemala, Honduras y Brasil.
—¿En estos casos a ustedes les dan información? —se le preguntó.
—Si vas a la Agencia del Ministerio Público pues te permiten ver el expediente, pero lo que no hemos conseguido es que nos proporcionen copias del mismo, y lo hemos insistido desde hace mucho tiempo a la Procuraduría General de la República (PGR)", respondió.
Delgadillo afirmó que "hasta la fecha no sabemos realmente cuál es la verdad, no hay una investigación real del Estado para saber hasta qué punto pudo haber complicidades de las autoridades".
En uno de los casos más recientes relacionados con involucrados, el 14 de noviembre de 2017 fue detenido por la Policía Federal Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, conocido como El Pata de Queso.
Fue aprehendido acusado de coordinar la masacre de San Fernando, así como del asesinato de una activista. Jaramillo falleció en un hospital de la Ciudad de México a causa de insuficiencia renal.
En memoria de las víctimas. Representantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, así como activistas de derechos humanos y sacerdotes participaron la tarde de este martes en la colocación de un memorial en la bodega de El Huizachal, en San Fernando.
Uno de los organizadores, el padre Pedro Pantoja, asesor de la Casa del Migrante de Saltillo, explicó a EL UNIVERSAL que colocaron 72 cruces en el sitio en memoria de las víctimas, y después se reunirán en Guatemala con las esposas de los migrantes masacrados.
"No fue sólo una masacre genocida, sino que fue despedazar, hacer el primer crimen colectivo espantoso para los migrantes centroamericanos. Fue como un grito de terror para toda la migración centroamericana", expresó el sacerdote católico.
—¿Qué pasó por su mente al estar en ese lugar? —se le preguntó.
—No sólo la mente, sino el corazón está lleno de indignación, de tristeza y de dolor. Como defensores tenemos que asumir su dolor, meternos en su carne.
En la ceremonia de colocación del memorial también estuvieron Florine Guerrero y Diana Castillo, de la Casa del Migrante de Saltillo; el padre Luis Eduardo Villarreal, de la Casa Nicolás, Nuevo León; Fray Tomás González, representante de La 72, de Tenosique, Tabasco; el sacerdote Luis Eduardo Zavala, de la Casa Monarca; el sacerdote Hernán Astudillo, de Canadá, así como Berenice Valdez, del Instituto para las Mujeres en la Migración.
Compensarán a 48 víctimas
Ocho años después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el gobierno de México procederá a indemnizar económicamente a un grupo de ecuatorianos, una víctima directa y 47 familiares de los cinco ecuatorianos asesinados entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en la bodega del huizachal.
Jaime Rochín del Rincón, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), confirmó lo anunciado por la Cancillería de Ecuador y afirmó que esto representa un reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre. Además, afirmó, ello abre la puerta para que víctimas de otros países puedan recurrir también a este proceso de reparación del daño.
"Fue ocho años después de los hechos, pero por lo menos que sí haya un reconocimiento del Estado y un acompañamiento a la búsqueda de justicia", dijo.
Indicó que por seguridad se reservan los nombres y el monto que recibirán, pero no será igual para todos sino dependerá del grado de dependencia económica que tenían respecto a las víctimas mortales.
"Ninguna cantidad les repara en absoluto, tenemos que buscar estándares que de alguna manera reconozcan la gravedad de los hechos; entendiendo que son personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos, el reconocimiento también debe ser importante. Además son diferentes según el caso, cada familia tiene una situación específica en donde las cantidades van variando, es diferente según el caso".
Rochín del Rincón recordó que esto se da en cumplimiento a la recomendación 802013 de la CNDH, que en junio de 2017 elevó este hecho el rango de grave violaciones a Derechos Humanos. A partir de ahí, dijo, la CEAV trabajó con las víctimas indirectas de las personas fallecidas para lograr una reparación integral, y parte de ésta es la indemnización.
Trabajamos con la embajada de Ecuador en México quienes estuvieron muy presenten en este proceso para lograr acercarnos a las víctimas para que tuvieron confianza en la institución "y que entiendan que esto no es un sustituto de la justicia ni la verdad, sino un elemento más a la que tienen derecho".
Confirmó que este miércoles sostendrá en esa nación una reunión con el canciller, el embajador y la defensora del pueblo de Ecuador, y posteriormente se reunirá con las familias de las víctimas.
Las cinco víctimas mortales ecuatorianas fueron identificadas como Rosa Amelia Panza Quille, Telmo Leonidas Yupa, Elvia Pasochoa, Maria Tipantaxi y Christian Caguana. Fredy Lala Pomadilla fue la víctima que logró sobrevivir a esos hechos, pese a que recibió dos balazos.
Sobre la indemnización a familias de víctimas de otros países dijo que están en la mejor disposición y se han tenido contactos; sin embrago, explicó que muchas de otras familias están acompañadas por otras organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que están pidiendo otro tipo de garantías, como procesos de justicia, "y en esa medida puede ser que tarde un poco más (la indemnización), porque las propias víctimas piden otros elementos".
—¿Qué se les puede decir a las familias en materia de justicia?
—Ahí hay un pendiente importante, pero esto no significa que se deje de trabajar en el tema. No nos toca a la CEAV hacer justicia, pero sí creemos que este reconocimiento fortalece el derecho que tienen las víctimas a reclamar a las autoridades de justicia para que sus procesos se lleven con mayor celeridad.
—Qué les dirá a las familiares sobre los perpetradores?
— Por desgracia hay pocos elementos que darle en materia de justicia y los resultados en ese tema todavía no llegan a ser plenos. Les diría es que les vamos a acompañar en esta exigencia…podemos acompañarlos en una representación jurídica para exigir a los ministerios públicos y al Poder Judicial que haya sanciones verdaderas y esto no caiga en el olvido; vamos a trabajar con la CNDH para que todos los elementos de la recomendación, que incluye investigaciones a servidores públicos, se hagan valer, pero para ello requerimos que las víctimas acepten nuestra participación.
En la masacre de San Fernando murieron 72 personas de seis nacionalidades: Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil e India.
"Queremos reparar los daños a estas víctimas. Hay que reconocer el esfuerzo y trabajo de la embajada de Ecuador en México que trabajó con las victimas desde su país…éstas personas tienen una enorme desconfianza frente a las autoridades mexicanas porque consideran que fueron estas autoridades las que cometieron estas violaciones, por lo menos en la omisión de protección y seguridad, y no en la colaboración con el crimen organizado".