Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tiene indicios de que el homicidio del doctor Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y diputado federal electo, sucedió en la finca ubicada en Huertos del Pedregal en Culiacán, donde se encontraba Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio pasado; explicó que la Fiscalía General de Sinaloa ocultó y manipuló las pruebas.
Resaltó que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, está relacionado con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, también del homicidio de Héctor Melesio, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y desaparición forzada de varias personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR afirmó que “en la finca fueron hallados indicios hemáticos que corresponden al exrector de la UAS”, lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro de “El Mayo” Zambada, se encontraba Cuén Ojeda.
Así se ratifica la información previamente obtenida, de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona y que sus huellas de sangre corresponden al tiempo en el que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió muchas horas antes de que presuntamente ocurriera en una gasolinera según un video difundido localmente, mismo que ya ha sido descalificado por la propia FGR.
Por esto, acusó que en la batea de la Ford Raptor color blanco que se utilizó en el montaje de la gasolinera se encontró sangre que corresponde a Rodolfo Chaidez Mendoza, escolta de “El Mayo” Zambada y que permanece como desaparecido.
“También se obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer de Héctor Melesio Cuén, quien niega lo que él mismo había declarado previamente ante autoridades locales respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del doctor asesinado”, dice la FGR.
Todo lo anterior ratifica las investigaciones ministeriales y policiacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso.