REYNOSA, Tamps., junio 4 (EL UNIVERSAL).- Los migrantes volverán a ser "carne de cañón" para los grupos delictivos al saturarse las fronteras mexicanas con las restricciones implementadas por Joe Biden, presidente de Estados Unidos en materia de asilo.
Héctor Silva, director de los albergues Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas, aseguró que al cerrarse las fronteras e iniciar las deportaciones masivas, se generará un caos con la llegada de una gran cantidad de migrantes.
"Es preocupante este cierre de fronteras sobre todo porque esto propicia que los migrantes lleguen en grandes cantidades y son carne de cañón para los grupos delictivos, volveremos a vivir la pesadilla del 2021 cuando tuvimos más de 10 mil migrantes en la ciudad".
Dijo que la disposición de Joe Biden rompe el orden que se venía llevando por medio de la aplicación CBP-ONE por medio de la cual, se había reducido el número de migrantes en esta frontera.
"Actualmente tenemos 800 migrantes en Senda de Vida 1 y mil en el 2. Está cifra de migrantes nos había dado un respiro en cuanto a las necesidades que tenemos para alimentarlos, vestirlos y darles techo y atención médica".
Héctor Silva destacó que los centros para migrantes, al menos en Reynosa, no están preparados para recibir a una nueva oleada de familias extranjeras que buscar llegar a Estados Unidos.
"Actualmente sobrevivimos de la ayuda que nos dan organismos americanos, pero definitivamente no podríamos atender nuevamente a una gran cantidad de migrantes y eso es lo que las autoridades no ven cuando toman estás decisiones".
Explicó que todos los migrantes que se quedarán en las fronteras mexicanas al no poder acceder a asilo por medio de la aplicación CBP-ONE, se sumarán aquellos que serán deportados de Estados Unidos.
"La nueva disposición menciona que mexicanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos serán deportados de inmediato a México, cuando lo justo sería que se les enviara directamente a sus lugares de origen para evitar grandes concentraciones en nuestro país".
Pidió que las autoridades mexicanas y estadounidenses deben tomar acuerdos que convengan a ambas naciones, pero respetando los derechos humanos de los migrantes.