El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, impugnó la negativa de un juez de amparo de citar a declarar a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray como testigos en el caso de Agronitrogenados por el que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de "lavado" de dinero.
El pasado viernes, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México tuvo por presentado el recurso de queja que la defensa de Lozoya, encabezada por el abogado Javier Coello Trejo, promovió en contra de su decisión del cinco de julio.
En tal fecha, el juez rechazó la solicitud de citar a declarar, además de al ex presidente de la República, Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Videgaray Caso; a ocho ex funcionarios más de la administración pasada involucrados en la implementación de la reforma energética y en la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, S. A., propiedad de Alonso Ancira.
Entre los ex funcionarios que la defensa de Lozoya pretendía citar para utilizar sus testimonios como pruebas a su favor, está Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Miguel Messmacher, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP.
El recurso será enviado a un tribunal Colegiado para que sean los magistrados quienes decidan si es posible o no citar a los ex funcionarios a declarar ante el juez de amparo.
Por este caso, la FGR obtuvo una orden de aprehensión librada por un juez de control en el Reclusorio Norte en contra de Lozoya, su hermana Gilda Lozoya y el dueño de AHMSA, Alonso Ancira.
Fiscalía trabaja para que se declare el abandono de residencia
La Fiscalía General de la República (FGR) trabaja para que se declare el abandono de la residencia que le fue asegurada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en las Lomas, y que pasaría al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para ser subastada, afirmó su titular Ricardo Rodríguez.
“Es que no la podemos vender hasta que no se declare el abandono por parte del Ministerio Público”, explicó Rodríguez Vargas, al ser entrevistado en Palacio Nacional, donde estimó que se venderá como “pan caliente” la subasta de martillo de un lote de joyas programada para próximas fechas.
Lozoya Austin, quien es investigado por la justicia, adquirió la residencia en el fraccionamiento La Retama, calle Ladera 20, colonia Lomas de Bezares, alcaldía Cuajimalpa, la cual fue asegurada por la Fiscalía, por lo que el exfuncionario público interpuso un juicio de amparo para recuperarla.
Rodríguez Vargas aclaró que una vez incautado el inmueble, la Fiscalía “trabaja para que se declare el abandono de la propiedad” y confió en que “próximamente, esas casas que ya tenemos (incluida la de Lozoya), estos activos para poderlos enajenar y darle un destino”.
A pregunta expresa, dijo que otras propiedades que en su momento incaute la Fiscalía al otrora titular de Pemex también pasarían al Instituto que encabeza, sucesor del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), aunque hasta el momento solo se tiene ubicada la posesión de las Lomas.
“Hasta que no se declare el abandono (de la propiedad), no pasa al Instituto, por eso es que nos estamos reuniendo con ellos para darle una evaluación”, situación en la que deberán pasar 90 días, recalcó.
Sobre el valor aproximado de la propiedad, indicó que se estima alcance los 30 millones de pesos “hasta donde se ha dado conocer. Faltaría un precio de evaluación por parte interna de nosotros, que es lo que hemos hecho para darle certeza de que el precio inicial sea el correcto”.
En torno a la subasta de aviones que eran propiedad del gobierno, recordó que ese asunto lo tiene a su cargo el Banco Nacional de Obras (Banobras), quienes “tendrán el destino de la flota que se ha manejado por parte de diversas dependencias del gobierno”.
Resaltó que el interés del Instituto es que cada 15 o 30 días, se convoque a subastas de martillo para dar a conocer no solo autos e inmuebles incautados, sino de “todo lo que no hemos sacado, más lo que tenemos. Acuérdense que no solo son bienes incautados por la Fiscalía, sino los incautados en las aduanas”.
Precisó que los recursos que se obtienen a través de las incautaciones que realiza la Fiscalía General de la República tiene un destino social.
Mencionó que en la subasta de autos blindados realizada en Santa Lucía se obtuvieron alrededor de 60 millones de pesos; en la de vehículos de lujo, se consiguió 28 millones de pesos y en la de las casas, 53 millones de pesos, por lo que “andaríamos arriba de los 100 millones de pesos”.
Destacó que la subasta de las casas fue exitosa, “porque venimos muy por arriba del promedio lo que habíamos vendido (…) y esta de joyas, por lo que veremos, creo se van a vender como pan caliente y todavía va a superar en valor, a las anteriores”.