La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de un juez de control que en abril pasado determinó no vincular a proceso a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita ("lavado" de dinero).
La apelación, con el expediente 96/2024, fue admitida de plano por un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos el pasado 8 de mayo, mismo que resolverá si ratifica la sentencia o la modifica.
"Remisión que se hace, para la tramitación del recurso de apelación que hace valer, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en contra de la determinación de 15 de abril de 2024, en la que se dictó auto de no vinculación a proceso a dentro de la causa penal citada", señala el acuerdo publicado por el Tribunal.
En audiencia del 14 de abril, un juez de control determinó que la FGR no presentó las pruebas suficientes en la causa penal 254/2023 para procesar a González Valencia, por dichos delitos.
En la diligencia, los fiscales acusaron a "La Jefa" de pertenecer al Cártel de los Valencia y al CJNG, en este último con funciones de dirección y mando.
Para comprobar sus dichos, presentaron entrevistas con testigos colaboradores, que narraron hechos de 1990 a la fecha, sobre cómo se formó el Cártel de los Valencia, luego el Cártel del Milenio y después el CJNG, en los que tenía supuestamente participación en todo.
Uno de los fiscales argumentó que González Valencia recibió toneladas de droga en Uruapan, Michoacán, y que ella distribuía los cargamentos.
Sin embargo, el juez desestimó los argumentos del Ministerio Público Federal y dictó la no vinculación a proceso contra Rosalinda González Valencia, quien actualmente se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 Femenil de Morelos, cumpliendo una sentencia de cinco años por su responsabilidad en el delito de lavado de dinero, en la modalidad de ocultamiento.