Amnistía Internacional advirtió que el informe presentado este lunes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa regresa a una narrativa centrada en la responsabilidad de actores locales y omite la participación de órganos de seguridad nacionales.
Informe oficial y líneas de investigación pendientes
Señaló en un comunicado que cualquier nueva hipótesis debe estar vinculada con las líneas de investigación que siguen pendientes, entre ellas la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas y las policías, así como la actuación de agentes de procuración de justicia.
El informe gubernamental incluye análisis de comunicaciones telefónicas, diligencias realizadas en distintos lugares y la identificación de nuevas personas de interés que pueden aportar elementos para esclarecer los hechos.
"Desde Amnistía Internacional advertimos que abrir nuevas líneas de investigación no debe implicar que se cierren u omitan aquellas que continúan pendientes ni sustituye la obligación del Estado mexicano de esclarecer integralmente todas las acciones y omisiones de agentes estatales relacionadas con el caso", declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana.
Exigencia de acceso a documentos y transparencia
La organización también respaldó la exigencia de las familias para que el Ejército mexicano entregue los 853 folios que han sido requeridos por los padres y madres de los estudiantes, organismos internacionales y mediante una resolución judicial.
"A doce años de los hechos, siguen existiendo preguntas fundamentales sin respuesta y permanece información en poder del Ejército que ha sido requerida reiteradamente por las familias, por organismos y expertos internacionales", señaló Olivares Ferreto.
Sostuvo que si la nueva etapa de la investigación pretende sustentarse en evidencia científica y verificable, debe garantizarse el acceso a toda la evidencia existente y ninguna institución del Estado puede quedar fuera de ese estándar.
Recordó que las aportaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Equipo Argentino de Antropología Forense y las organizaciones acompañantes permitieron identificar graves irregularidades.
Indicó que se debe profundizar en la participación de agentes de las Fuerzas Armadas y policiales en todos los niveles de la cadena de mando, así como reconstruir sus posibles vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero cuando ocurrieron los hechos.
"Cualquier nueva hipótesis debe incorporar, contrastar y dar seguimiento a esos hallazgos, así como a las líneas de investigación que permanecen pendientes, y no sustituirlas mediante nuevas narrativas que vuelvan a centrar la explicación de los hechos únicamente en actores locales", afirmó Olivares Ferreto.
Reiteró que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus hijos y a recibir antes que cualquier otro actor información sustantiva sobre las investigaciones.
"Las madres y los padres de los 43 estudiantes no necesitan una nueva versión oficial. Necesitan una investigación completa, que agote todas las líneas, preserve los avances alcanzados y esclarezca las responsabilidades de quienes participaron, por acción u omisión en la desaparición de sus hijos", destacó.