Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio será enviada al Congreso para su discusión y aprobación, y se homologa el tipo penal: "comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razón de género".
Mencionó que se establecen 10 razones de género, entre ellas signos de violencia sexual; delito motivado por estereotipos o prejuicios; antecedentes de violencia contra la víctima; y contextos de asimetría de poder.
Detalló que se establece una pena ya homologada en todo el país de 50 a 70 años de prisión, y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena en diferentes circunstancias, entre otras, cuando la víctima sea niña adolescente o adulta mayor; que esté embarazada o viva con discapacidad; que sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; se cometa por una servidora pública; o se usen ácidos.
Contempla también la pérdida de derechos sucesorios; pérdida de tutela, guarda y custodia; pérdida de patria potestad; y también destitución e inhabilitación en el caso de tratarse de servidores públicos.
Maribel Bojorges Beltrán, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, indicó que esta iniciativa parte de que existe una obligación de investigar con debida diligencia, y se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia en el país.
Estos protocolos deberán incorporar, entre otros elementos, la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis en contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y sobre todo la atención a víctimas.
También se establece que la unidad o fiscalía especializada que hubieren iniciado la investigación, así como el ministerio público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde su inicio hasta la ejecución de las sanciones.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que la ley también incluye todo lo relacionado con los derechos de las víctimas, como el acceso a la verdad y la justicia; la atención médica y psicológica de urgencia para las sobrevivientes y las víctimas indirectas que en este caso son niñas, niñas y adolescentes.
"La reparación integral del daño está contemplada en el proyecto de ley y deberá ser esta reparación transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, y las entidades federativas responsables deben de atender el bienestar integral de las víctimas indirectas, con énfasis en las hijas e hijos de las víctimas", destacó.
Recalcó que tendrá que promoverse la armonización del tipo penal, la actualización de los protocolos especializados implementar campañas de concientización e información para prevenir delito de feminicidio y la creación de grupos técnicos de apoyo, entre otras acciones.