Guadalajara, Jal.- Las desapariciones en mayo pasado de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de 16 años de Jalisco, que el 14 de julio fueron localizados sin vida tras un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad El Pozo, en Culiacán, muestra que la estructura de reclutamiento forzado del CJNG sigue intacta pese a que casos como el del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la han dejado al descubierto.
La Fiscalía de Jalisco afirma que ambos jóvenes fueron reclutados a través de redes sociales, trasladados a Zacatecas para adiestrarlos en el uso de armas, llevados a Nayarit para esperar el momento de ser requeridos y finalmente lanzados al combate en Sinaloa.
El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, asegura que por testimonios de algunas personas que han logrado escapar de ese circuito de desaparición, se tiene información de que al menos otras cuatro personas reportadas como desaparecidas en Jalisco están en condiciones de reclutamiento forzado en Sinaloa.
En ese contexto, el caso del rancho Izaguirre vuelve a cobrar relevancia como muestra de la maquinaria de desaparición del crimen organizado, pero también como ejemplo de la forma en que investigaciones que fueron “prioritarias” mientras resonaron en los medios, terminan por diluirse.
Las estadísticas del gobierno estatal señalan que en Jalisco hay 15 mil 838 personas desaparecidas y de esos casos, 702 ocurrieron en lo que va de 2025; por su parte, basándose en los datos del gobierno federal, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG ha advertido que desde el verano de 2024 se registra en el estado un incremento en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, su hipótesis es que el hecho puede estar relacionado con el reclutamiento forzado.
El 18 de septiembre se cumplirá un año de que la Guardia Nacional descubrió el rancho Izaguirre y desde entonces la información pública sobre lo que ocurrió en ese sitio es contradictoria y fragmentada: por una parte, el comunicado de prensa emitido por la Guardia Nacional el 20 de septiembre señala que tras “una rápida acción, en la que no se realizó ningún disparo”, se detuvo a 10 hombres, se liberó a dos más que estaban retenidos y se localizó el cuerpo de otra persona que hasta hoy sigue sin ser identificada.