Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por probables daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que le fueron observados desde el año pasado y no logró solventar, además de diversas irregularidades que incluyen pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o de reciente creación y contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.
La indagatoria revela casos graves de conflictos de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios públicos activos.
La ASF analiza si durante la presentación del informe, el 20 de febrero de 2027, hará o no públicos los nombres de dichos funcionarios, ya que pueden formar parte de una denuncia penal en caso de que las pruebas lleven a interponerla.
Entre los hallazgos de la auditoría que se hará pública en febrero de 2027, y a la que tuvo acceso El Universal, destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación.
La ASF detectó que, con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.
De igual forma, se descubrió que 131 proveedores de Instituto Nacional Electoral omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, pese a ello, se les continuó dando contratos.
Otro de los hallazgos calificados como graves es la identificación de pagos post mortem, debido a que el instituto mantuvo en su nómina y realizó pagos económicos a 18 trabajadores que ya habían fallecido. Además, se identificaron empresas que participan siempre en conjunto o en bloque y recibieron contratos en diversos Organismos Públicos Electorales.
A la investigación se suman las observaciones por 66.5 millones de pesos realizadas al INE el año pasado, debido a que no fueron solventadas.
A través de un comunicado oficial, el máximo órgano de fiscalización del país confirmó que, “ante los hechos recientemente divulgados relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), informa: Se ha dado inicio a una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos”.