Miami, Flo.- Los abogados del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, se acercaron al Departamento de Justicia para hacer la gestión para ser testigo cooperante, informó una fuente del departamento a El Universal.
La fuente del Departamento de Justicia afirmó a este medio que “un narcotraficante que se entrega y ofrece información entra principalmente en la figura de testigo cooperante; si existe riesgo real de represalias, puede, además, ser admitido en el programa de protección de testigos (WITSEC). Ambas figuras son distintas y pueden aplicarse simultáneamente”.
Detalló que quienes hacen la gestión en el Departamento de Justicia deben ser abogados estadounidenses con registro en Estados Unidos, abogados federales.
Sin embargo, este sábado, el senador colocó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que refutará “absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”.
El senador morenista indicó que de ser solicitado, “acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”.
Inzunza Cázarez afirmó que el cargo de senador de la República lo ha asumido “conforme a los principios que han regido mi conducta en el ejercicio de los distintos cargos públicos: con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la ley”.
“Por eso mismo, rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”, apuntó.
En la acusación del Departamento de Justicia se le señala de haber sido un enlace entre los líderes de la facción de Los Chapitos y Rubén Rocha Moya.
Según la documentación, Enrique Inzunza Cázarez se encargaba de transmitir comunicaciones de los líderes del cártel hacia Rocha Moya respecto al apoyo que la organización criminal brindó para asegurar su elección como gobernador.
“Al igual que Rocha Moya, Inzunza Cázarez se reunió con los líderes de ‘Los Chapitos’ y otros líderes del cártel y acordó planes específicos para que el gobierno de Sinaloa... apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores”, indica la acusación.