Absuelven a Jorge Fernández por el feminicidio de su esposa

 Luego de 9 años y 2 meses de su detención, procesado por el feminicidio de su esposa, de nacionalidad española, María del Pilar Garrido Santamans, Jorge Fernández González quedó en libertad.
El Poder Judicial de Tamaulipas informó que la sentencia absolutoria la dictó la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Lo anterior en cumplimiento de la ejecutoría de amparo directo que se emitió el 11 de septiembre del 2026 por un Tribunal Colegiado de Circuito.
El asunto se relaciona con el feminicidio de la ciudadana española María del Pilar Garrido, quien desapareció el 2 de julio del 2017, cuando ella, en compañía de su marido, Jorge Fernández, y del hijo de ambos, regresaban de la playa La Pesca, del municipio de Soto La Marina, a Ciudad Victoria.
En su declaración, Fernández declaró a las autoridades que dos jóvenes armados los detuvieron y se la llevaron.
El 26 de julio personal de la Fiscalía del Estado encontró restos óseos en un paraje del municipio de Villa de Casas y los análisis de laboratorio confirmaron que los restos si eran de Garrido.
Agentes de la Fiscalía detuvieron a Fernández el 28 de agosto de ese año porque el Ministerio Público señaló indicios suficientes para considerarlo como probable responsable de la muerte de su esposa.
En enero del 2019 un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a Fernández a 47 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Federal concedió el amparo y ordenó dictar una nueva resolución conforme a parámetros específicos, entre ellos valorar si las pruebas de la Fiscalía eran suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.
Después, la Sala Colegiada determinó que el material probatorio era insuficiente para sostener la condena, por lo que el 28 de octubre de 2026 dictó sentencia absolutoria y ordenó la inmediata libertad de la persona sentenciada.
El Poder Judicial de Tamaulipas precisó que esta resolución no niega los hechos ni la muerte violenta de la víctima, como quedó establecido en la resolución del Tribunal Federal. Lo que determina es que las pruebas presentadas durante el juicio no fueron suficientes para demostrar la responsabilidad penal de la persona acusada.