José Luis Abarca, quien fuera alcalde de la localidad del sur de México donde desaparecieron 43 estudiantes, fue condenado a 60 años de cárcel por el homicidio de seis personas durante los ataques contra los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
La sentencia, fechada el 10 de noviembre y a la que The Associated Press tuvo acceso el viernes, es la primera por los hechos ocurridos en Iguala, en el estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando tuvo lugar un ataque de fuerzas de seguridad locales, estatales y federales coludidas con el crimen organizado y que según estableció el gobierno nacional en 2022 fue un "crimen de Estado".
El juez consideró al exalcalde "incitador" del homicidio de tres estudiantes de la Normal — Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez— y de otros tres civiles atacados por la policía esa noche —-Víctor Manuel Lugo Ortiz, conductor de un autobús que transportaba a un equipo de fútbol local; David José García Evangelista, uno de los jugadores, y Blanca Montiel, víctima de balas perdidas cuando iba en un taxi—.
Investigación y contexto del caso
El magistrado condenó también a otras 25 personas por los asesinatos y las 26 fueron halladas culpables del delito de tentativa de homicidio de otras 61 personas, entre ellas estudiantes supervivientes y miembros del equipo de fútbol que quedaron en medio de las agresiones.
Los estudiantes fueron atacados en distintos puntos de Iguala después de apoderarse de autobuses para trasladarse con ellos a una protesta, una práctica habitual de la escuela de maestros rurales. Aunque todavía no está claro el móvil del ataque, las investigaciones apuntan a que alguno de esos autobuses era utilizado por un cártel local para traficar heroína hacia Estados Unidos en complicidad con las autoridades.
El exalcalde Abarca había sido considerado uno de los principales responsables de lo ocurrido, pero nunca fue acusado de desaparición forzada y fue exonerado del delito de secuestro y del de delincuencia organizada. Previamente había sido condenado por delitos anteriores al llamando "caso Ayotzinapa".
Para la familia de Mondragón la sentencia es un paso hacia la justicia, pero es incompleta porque no incluye la tortura a la que habría sido sometido el joven. En 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos —una entidad oficial— determinó que su cuerpo tenía 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, cara, tórax y columna.
Un crimen aún no resuelto
La investigación del caso, que causó conmoción dentro y fuera de México, estuvo dividida entre muchos juzgados, lo que complicó las pesquisas, y sufrió tantas irregularidades que la propia justicia determinó en 2018 que debía realizarse de nuevo.
Entre las decenas de detenidos, incluidos militares, está el exprocurador federal Jesús Murillo Karam, actualmente bajo proceso penal por desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. Murillo Karam es considerado el artífice de la elaboración de una verdad paralela a los hechos, según denunciaron investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En agosto fue arrestado el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, acusado de ocultar pruebas.
A 12 años de los hechos sigue sin estar claro el destino de los estudiantes desaparecidos. Las autoridades consideran que los jóvenes fueron entregados al cártel local y que todos fueron asesinados, pero sólo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos.
María Luisa Aguilar, directora del centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez, que representa a las familias de los estudiantes, dijo que sería bueno que las autoridades explicaran a las familias el impacto que puede tener esta condena en el caso de las desapariciones para poder avanzar en la búsqueda de la verdad.