Una jueza federal en Cuernavaca, Martha Eugenia Magaña, ordenó a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial que estaba programada para este lunes. La suspensión provisional fue otorgada en el amparo 1251/2024, promovido por cuatro jueces federales, y establece que el proyecto no podrá ser discutido ni votado por la nueva legislatura hasta que la jueza resuelva sobre la suspensión definitiva el 4 de septiembre.
La suspensión podría ser impugnada por la Cámara de Diputados ante un tribunal colegiado en Morelos, que tendría 48 horas para resolver, y no se descarta la posible intervención de la Suprema Corte de Justicia.
El dictamen en cuestión propone la elección popular de jueces en el país, incluyendo Ministros de la Corte y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en junio de 2025. Este es un intento de Morena y sus aliados de implementar una amplia reforma Constitucional, aunque la jueza Magaña argumentó que la suspensión se centra en el proceso legislativo, no en el contenido de la reforma.
Sin embargo, existe escepticismo sobre si los diputados acatarán la orden, ya que en casos anteriores similares, como la designación de comisionados del INAI, el Congreso ha ignorado suspensiones judiciales. De persistir esta situación, los jueces podrían denunciar un probable delito de abuso de autoridad ante la FGR, aunque no ha habido acciones significativas en casos previos.
La jueza Magaña también destacó que la independencia judicial es fundamental para el Estado de derecho y no debe ser erosionada por reformas constitucionales.
Por su parte el propio abogado Diego Valadés Ríos, uno de los más duros detractores de la reforma al Poder Judicial, consideró que esta resolución "no tiene fundamento jurídico".
Lo mismo consideró el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien a través de un video dijo que es "inadmisible e improcedente" toda resolución de cualquier Juez o autoridad sobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo.
De acuerdo con el expediente 1251/2024, la parte quejosa presentó el 29 de agosto un juicio de amparo contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo argumentando que el dictamen fue aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura que está por terminar, violando así el procedimiento legislativo.
La demanda fue admitida por la Jueza al día siguiente y consideró que, en este caso, no se estaría pronunciando sobre el contenido de la reforma, sino que la suspensión es contra el procedimiento legislativo que está en curso. Sin embargo, el fallo considera estimaciones sobre las consecuencias que tendrá el cambio Constitucional.
Esto implicaría que el Poder Judicial puede ponerse por encima del Congreso de la Unión y las 32 legislaturas estatales.
"La suspensión es procedente pues en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que quedó en resguardo, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, la legalidad de las modificaciones propuestas al no haberse materializado", se lee en la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.
En el caso de Chiapas, el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales, Felipe V Consuelo, se pronunció en sentido similar.
"Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados", resolvió el Juez al girar un exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en turno, y notificar a las autoridades responsables.
El dictamen de la Reforma al Poder Judicial prevé la elección por voto popular de todos los jueces del país, incluidos, en junio de 2025, los Ministros de la Corte, magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y la mitad de los alrededor de mil 650 jueces y magistrados federales.
LEGISLADORES DE MORENA REVISAN CAMBIOS
Ayer, legisladores de Morena informaron que la reforma al Poder Judicial, actualmente en discusión, podría sufrir más modificaciones antes de su aprobación final.
Durante una reunión del grupo parlamentario, la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó la apertura para escuchar diversas posiciones y propuestas de modificación.
Sánchez Cordero mencionó que ya ha entregado varias propuestas propositivas, enfocadas en mejorar los requisitos de idoneidad y el perfil de los jueces, magistrados y ministros que serán elegidos mediante voto directo.
"Más bien me he estado yendo por los requisitos de elegibilidad e idoneidad de todos los candidatos, no tengo la más remota idea de cuánto sea del presupuesto", dijo Sánchez Cordero.
"El INE decidirá de cuánto hace la propuesta, porque una vez que se apruebe esta reforma constitucional, ahí tendremos que ver el tema de la gradualidad, quienes serán electos en junio del próximo año y quiénes serán electos hasta 2027", indicó Godoy.
Entre las propuestas se incluyen la solicitud de cartas de recomendación y la exigencia de un promedio específico para postularse.
Por su parte, el Diputado Leonel Godoy aclaró que, aunque la reforma ya ha tenido más de 100 modificaciones, muchas de ellas propuestas por la oposición, aún se esperan reservas y ajustes adicionales durante el debate en el pleno
"La idea es que nos escuchemos y debatamos, que tengamos una sola propuesta y que vayamos juntos", dijo el legislador, quien confirmó la unión de la bancada.
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