Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pasó de impulsar la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a descalificarlo públicamente al acusarlo de “injerencista” y rechazar sus recientes conclusiones.
En los primeros años de su gestión, en 2020, la CNDH no sólo avalaba la intervención internacional, la promovía.
Asimismo, exhortaba al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del comité y advertía que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad”.
Incluso, sostenía que ese reconocimiento representaba un paso para reforzar el régimen de protección frente a este delito.
“Este organismo nacional reitera que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad, que exige el estricto cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado de prevenir las desapariciones forzadas y erradicar la impunidad en lo que respecta a este delito”, señaló en un exhorto dirigido al expresidente Andrés Manuel López Obrador para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En 2021, frente a ese mismo comité, Piedra reconocía la dimensión del problema: hablaba de una “crisis de desapariciones”, admitía la “debilidad institucional para atenderla” y urgía a saldar “la deuda histórica” con las víctimas.
Pero el tono cambió. Para 2025-2026, la CNDH comenzó a cuestionar la mirada externa y alertó sobre lo que consideró un intento de “imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros”.
El quiebre llegó en abril de 2026: el organismo rechazó abiertamente al comité, calificó sus conclusiones de “sesgadas” e “injerencistas”, y señaló a organizaciones civiles de “lucrar con los derechos humanos”.
“En lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos siete años, el CED optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh.
“La verdadera naturaleza de ciertas organizaciones que se han ostentado como representantes de víctimas y defensoras de derechos humanos para lucrar, a efecto de justificar su decisión, el CED dejó de considerar los periodos en que se llevaron a cabo las prácticas reportadas, especialmente en atención a las actuaciones de los órganos del Estado mexicano”, señaló.