Ciudad de México.- La condena de 20 años de prisión que recibió un militar mexicano es para su víctima, una activista indígena me’phaa, una victoria ante el poder militar y ante un sistema judicial ineficiente en un país donde los soldados ocupan cada vez más espacio en labores de seguridad.
Inés Fernández, originaria de Guerrero, un estado del sur de México anunció que uno de los 11 militares que la torturó sexualmente hace casi 21 años, cuando ella tenía 25 años, irá finalmente a la cárcel.
“Este 8 de marzo quiero decir que una mujer me’phaa le ganó la batalla al poder militar”, exclamó la mujer.
La histórica sentencia de Inés Fernández es relevante porque, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), en Tlachinollan, su caso es uno de los primeros en los que se alcanzó una sanción concreta y efectiva contra de un miembro del ejército mexicano.
El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de 11 efectivos del Ejército mexicano. Según lo relata, al denunciar se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas.
“En un inicio creí que yo era la única mujer que había pasado por esta situación, pero durante mi lucha he conocido a muchas más. El gobierno debe de cambiar las leyes, la autoridad debe escuchar y las mujeres, todas, debemos alzar la voz. No es justo que se queden sin castigo. Ya no quiero que otra mujer sea víctima de agresión sexual por parte de militares, no quiero que otra mujer, ni sus hijas ni mis hijas vivan lo que yo viví”, sentenció Fernández.
Al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el 30 de agosto de 2010 declaró al Estado mexicano culpable de ejercer violencia institucional castrense en su contra.