Ciudad de México.- La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada esta semana en el Senado y turnada al Ejecutivo federal, era necesaria en el país ante el rezago histórico que existe en el registro de bienes inmuebles, pero derivará en la actualización de los valores catastrales, por lo que podría haber aumento al costo del predial de todos los propietarios de inmuebles en el país.
Así lo destacaron expertos en materia inmobiliaria y de vivienda, quienes expresaron que es evidente que esta reforma, además de buscar la digitalización de la información catastral del país, se aprobó ante la necesidad de mayores recursos por parte del gobierno federal, por lo que señalaron que es necesario que lo que se recaude realmente se destine a la mejora urbana de los municipios del país.
Leonardo González, especialista en materia inmobiliaria, dijo que el catastro tiene un rezago histórico, ya que la inmensa mayoría de los bienes inmuebles aparecen con 40% del valor real, por lo que es evidente que habrá incremento en la recaudación.
Expuso que al actualizar el valor catastral de los bienes inmuebles en el país, es claro que aunque no se incluya un aumento al impuesto predial, se aumentará el cobro de este impuesto.
Por su parte, el experto en materia inmobiliaria, Fernando Soto, coincidió en que era necesaria esta reforma en materia catastral en México. “Es evidente que aunque la nueva ley no habla de un aumento en el impuesto predial, una vez que entre en vigor y que se actualice el valor catastral de miles de inmuebles, la boleta del impuesto predial podría hasta duplicarse. Es decir, una familia que tiene una vivienda cuyo valor catastral es de un millón de pesos, al actualizar al valor real, podría estar pagando 100% más”.
Asimismo, comentó que uno de los temas más sensibles en esta reforma es el papel que jugará la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que tendrá acceso a toda la información de los bienes inmuebles de los mexicanos, con nombre, apellido, ubicación y valor.
“De entrada parece una buena estrategia para evitar el lavado de dinero en la compra de inmuebles y localizar propiedades que no están regularizadas, que fueron productos de despojos, pero sabemos que el gobierno mexicano no se ha caracterizado por un el buen resguardo de los datos personales y sensibles”.