Ley de rentas justas: ciudadanos hacen petición

(EL UNIVERSAL).- Durante la séptima mesa de diálogo sobre la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, en el Congreso local, ciudadanos compartieron sus preocupaciones sobre los impactos que tendría esta propuesta legislativa en el mercado de rentas y pidieron diferenciar entre los pequeños caseros y las grandes empresas inmobiliarias.
Mónica Sánchez, del edificio Isabel en Tacubaya, señaló que no debe darse el mismo trato a una persona que construyó un patrimonio con su trabajo y depende de una renta durante la vejez que a los grandes propietarios inmobiliarios.
Cuestionó que se planteen incentivos para las empresas por ofrecer contratos multianuales, al considerar que la legislación debe priorizar la protección de quienes rentan una vivienda. También pidió revisar hasta dónde deben llegar los beneficios para quienes poseen numerosos inmuebles y tienen ingresos elevados por su arrendamiento.
En contraste, Tomás, un estudiante de economía de 23 años, expresó sus dudas sobre los efectos que podría tener la regulación en la oferta de vivienda, pues advirtió que podría desalentar la inversión y reducir las opciones para quienes busquen independizarse en los próximos años.
El joven preguntó si se realizó algún estudio para determinar los posibles efectos de la iniciativa. Consideró que, si la construcción o adquisición de departamentos para renta deja de ser atractiva, podría disminuir la disponibilidad de inmuebles y aumentar su precio.
Por su parte, Eduardo Aguirre, vecino de la alcaldía Gustavo A. Madero, sostuvo que la intervención del Estado es necesaria ante las distorsiones del mercado y la especulación inmobiliaria.
Como ejemplo, mencionó las diferencias en los precios de renta entre las colonias Vallejo e Industrial, así como los efectos de las plataformas de alojamiento temporal. "El mercado no ofrece por sí solo condiciones adecuadas para regular la relación entre propietarios e inquilinos".
Lizet Mejorada, también del edificio Isabel en Tacubaya, rechazó que el mercado deba regularse por sí mismo y consideró que la Ciudad de México tiene una oportunidad histórica para establecer reglas en materia de vivienda. Además, pidió a los diputados mantener su compromiso con los inquilinos frente a las presiones que puedan ejercer los empresarios.
Durante la mesa, la diputada de Morena Elizabeth Mateos reconoció las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse y afirmó que, de acuerdo con datos que citó durante su intervención, solo 3% de las personas en la capital puede comprar una casa mediante un crédito hipotecario privado.
La legisladora comentó que empresarios le han señalado que existe una sobreproducción de vivienda, pero que los elevados costos del suelo y de los inmuebles dificultan su venta.
Sostuvo que los altos precios de la vivienda, tanto en renta como en venta, provocan que las personas abandonen sus barrios e incluso la Ciudad de México para buscar opciones más allá de la periferia.
En tanto, Yolanda García Ortega, legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), planteó que debe definirse con claridad el objeto de la ley y distinguir entre un gran consorcio que renta departamentos de lujo y una persona cuyos ingresos para el retiro dependen del arrendamiento de una casa.
Señaló que la propuesta puede perfeccionarse, pero debe conservar como propósito la protección del arraigo comunitario y la estabilidad en la vivienda.