CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La
senadora Mely Romero Celis
expresó su amplio reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado, por haber alcanzado un
acuerdo unánime
para dotar al Congreso de la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio, cuyo contenido -dijo- deberá definir claramente procesos, protocolos de prevención y atención a familiares, además de que prevenga y sancione a funcionarios judiciales que simulan investigaciones para no impactar las cifras de sus estados.
Señaló que una ley para combatir el feminicidio debe contemplar
presupuesto suficiente
, acciones de capacitación para que los funcionarios sepan identificar feminicidios, que tengan sensibilidad con las familias y sobre todo, enfatizó, "necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país, porque si se sigue clasificando de diferente manera en cada estado, nunca vamos a poder combatir realmente este delito que acaba con la vida de las mujeres".
Recordó que el feminicidio es un delito grave, es una situación a la que se le debe poner especial atención "y hoy ya lo hicimos en el Senado, ese es un primer paso, pero todavía falta mucho, en eso estamos de acuerdo, porque
legislar con responsabilidad implica mirar de frente la realidad por desgarradora que sea", enfatizó.
Subrayó que se registra una enorme
disparidad de penas entre las entidades donde una vida puede valer 20 años en un estado y 70 años en otro, lo que no sólo es una
desigualdad normativa, sino una forma de
impunidad institucional.
La senadora del PRI recordó que
organismos internacionales como la ONU y la CEPAL advierten que el fenómeno del feminicidio es estructural: en América Latina al menos 11 mujeres son asesinadas cada día; en México, siete de cada 10 sufren violencia, alertó.
Además, destacó que el feminicidio en México se distingue por su
extrema brutalidad, pues a diferencia de los homicidios de hombres, donde predominan las armas de fuego, en el caso de los feminicidios existe un patrón de sometimiento y sufrimiento prolongado, en el que
30 por ciento de los casos implican estrangulamiento, quemaduras, ataques, golpes con objetos o armas punzocortantes.
"Avanzamos en esta facultad constitucional, pero no podemos ignorar lo siguiente: el
Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido que en México estos hechos pueden constituir
crímenes de lesa humanidad. Hay más de
4 mil 500 fosas clandestinas, decenas de miles de restos sin identificar. Y sí, debemos entender que desaparición y feminicidio son muchas veces parte de la misma cadena de impunidad", concluyó.