Explicó que el acecho consiste en realizar, de manera reiterada, por cualquier medio y sin consentimiento, actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado, así como acciones de intimidación o intromisión que afectan a la persona, causando un daño en su esfera psíquica o en el desarrollo cotidiano de las actividades.
Para Ana Celia Chapa Romero, académica e investigadora en la Facultad de Psicología e integrante del sector académico de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la UNAM (CInIG), a diferencia del acoso sexual, que tiene una connotación sexual explícita, el acecho se define principalmente por la insistencia obsesiva y su carácter coercitivo.
Destacó que "este patrón sistemático de vigilancia y control merma la salud psicológica y física de quien lo vive. Las personas pueden desarrollar ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio, cefalea y fatiga".
Precisó que el acecho se puede presentar a través de diversos medios como las redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de texto; incluso, quien comete esta violencia persigue a la víctima a los lugares que frecuenta. En otros casos, les colocan un dispositivo GPS para conocer sus desplazamientos en tiempo real, porque hay una necesidad de control.
En febrero de 2026, y a partir de la iniciativa Ley Valeria, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad sancionar el acecho a nivel federal. El decreto fue turnado al Senado de la República para su discusión y eventual votación. De ser avalado sin modificaciones, el proyecto se enviará al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se formalizaría la reforma, de acuerdo con la profesora de la FD.
"Si la reforma es aprobada se adicionará el artículo 281 bis al Código Penal Federal a través del cual se plantea tipificar el acecho, estableciendo sanciones de dos a cuatro años de prisión y multas de hasta 400 días", añadió Rodríguez Rojas.
La especialista universitaria indicó que esta iniciativa busca mostrar que no hace falta contacto directo para reconocer la violencia en otras modalidades, a veces normalizada, y precisó que "esto es un parteaguas para que las legislaciones locales lo incorporen a su normatividad, porque la reforma federal es insuficiente para cubrir los delitos cotidianos del fuero común".