Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, anunció el envío de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos de revisión sobre aspirantes a candidaturas y detectar posibles vínculos con la delincuencia organizada.
La funcionaria explicó que la propuesta será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su trámite legislativo.
Según lo expuesto en la mañanera, la iniciativa plantea la creación de una "Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas", dependiente del INE e integrada por cinco consejeros electorales electos por el Consejo General para periodos de tres años.
De acuerdo con Alcalde, esta comisión funcionaría como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
La revisión contemplaría consultas con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para identificar la existencia de información relacionada con un "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada.
La consejera jurídica señaló que el objetivo es que los partidos cuenten con información suficiente para tomar decisiones sobre las candidaturas que postularán a partir de las elecciones de 2027.